Documento oficial confirma múltiples infracciones muy graves que incluirían participación en hechos que afectaron gravemente el orden público y negligencia en el ejercicio de función
La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado formalmente un Procedimiento Administrativo Disciplinario Sumario contra los suboficiales Luis Miguel Magallanes Gaviria y Omar Raúl Saavedra Bautista, identificados como responsables del disparo que causó la muerte del ciudadano Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante las protestas del pasado 15 de octubre. Según revela un documento oficial de la Inspectoría General fechado el 16 de octubre de 2025, ambos efectivos enfrentan acusaciones por infracciones muy graves que podrían determinar su pase a situación de retiro.
De acuerdo con la Resolución N° 066-2025-IGPNP-DIRINV/OD, emitida por la Oficina de Disciplina de la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General, el proceso sumario se inició tras confirmarse mediante flagrancia delictiva la participación de ambos policías en «la muerte por PAF del ciudadano quien en vida fue Eduardo Mauricio Ruiz Sanz (32), ocurrido el día 15OCT2025 a horas 23:10 aprox., a inmediaciones de la Plaza Francia – Cercado de Lima».
El suboficial Magallanes, quien fue identificado públicamente por el comandante general Óscar Arriola como autor del disparo fatal, pertenecía a la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) y no al Grupo Terna como se especuló inicialmente. Según el documento, se le imputan tres infracciones muy graves: «Participar, favorecer o facilitar de manera individual o grupal en hechos que afecten gravemente el orden público y la seguridad de las personas o la comunidad en su conjunto» (MG-42), «Actuar con negligencia en el ejercicio de su función y como consecuencia de ello, se causen lesiones graves o la muerte» (MG-61), y «Realizar o participar en actividades que denigren la autoridad del policía o imagen institucional» (G-53).
El segundo efectivo implicado, Omar Raúl Saavedra Bautista, enfrenta cargos similares, pero con una acusación adicional por «Hacer uso del armamento del Estado o efectuar disparos con armamento afectado o particular sin causa justificada, habiendo sido identificado como personal policial» (G-40). Esta imputación refuerza la versión de que hubo más de un efectivo realizando disparos durante el incidente, como había sugerido el comandante Arriola en su conferencia de prensa.
La gravedad de las infracciones imputadas podría derivar en sanciones que incluyen el pase a retiro de ambos efectivos, además del proceso penal que se sigue en su contra. El procedimiento sumario designa como instructor al S1 PNP Israel Martín Gentile Pachas y como auxiliar de investigación al S1 PNP Israel Martín Gentile Pachas, quienes deberán conducir las indagaciones administrativas.
Este desarrollo ocurre mientras el comandante general Óscar Arriola enfrenta crecientes cuestionamientos por su manejo de la crisis. Diversas voces críticas, incluyendo al congresista Alfredo Azurín, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, han señalado la necesidad de una «profunda reestructuración» en la institución policial, cuestionando los protocolos de acción y la falta de liderazgo adecuado.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ha mostrado discrepancias públicas con Arriola respecto a si Magallanes formaba parte o no del operativo oficial para la protesta, contradiciendo la versión del comandante general y profundizando la crisis de mando en la institución.
La rapidez con la que se ha iniciado este procedimiento disciplinario, apenas un día después de los hechos, evidenciaría la gravedad del caso y la presión política que enfrenta la institución policial. Sin embargo, algunos críticos como el suboficial en retiro José Antonio Palacios, han cuestionado que se señale directamente a los efectivos de menor rango sin asumir la responsabilidad de mando que correspondería a las altas autoridades.
Mientras tanto, el presidente interino José Jerí, quien sobrevivió a una moción de censura en el Congreso vinculada precisamente a estos hechos, enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su capacidad para manejar la crisis de seguridad y la responsabilidad política del Ejecutivo en estos eventos.
Según fuentes cercanas a Palacio de Gobierno, la posición del comandante general Arriola se habría vuelto insostenible, y su salida sería inminente, ya sea por renuncia o destitución. Esta medida buscaría dar una señal de respuesta institucional frente a la indignación ciudadana, aunque diversos sectores insisten en que la responsabilidad debe alcanzar también a los niveles más altos de decisión política.
La destitución del jefe de la Policía de Lima ya habría sido ejecutada, confirmando que están en curso cambios significativos en la estructura de mando policial, mientras se desarrollan las investigaciones fiscales sobre la muerte de Eduardo Ruiz Sanz.