El precedente de Puente Piedra se extiende al sur de Lima tras habeas corpus de Santa María del Mar
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac ordenó este miércoles 29 de octubre a la concesionaria Rutas de Lima suspender de inmediato el cobro de peajes en las estaciones de Villa El Salvador y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur. La medida judicial declara fundada en parte la demanda de habeas corpus interpuesta por la Municipalidad de Santa María del Mar el 14 de marzo de 2024.
La resolución establece que Rutas de Lima habría vulnerado el derecho fundamental al libre tránsito de los ciudadanos y advierte con multas consecutivas en caso de incumplimiento. Esta decisión judicial se suma a un creciente número de fallos en contra de la empresa concesionaria, que ya había sido obligada a suspender el cobro en Puente Piedra y, más recientemente, en el peaje Conchán.
El Precedente del Tribunal Constitucional
La medida se basa en un antecedente establecido por el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia del expediente N° 01072-2023-PHC/TC, emitida en marzo de 2024. En aquella resolución histórica, el TC ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de peaje en el tramo de Puente Piedra tras determinar que la concesionaria habría vulnerado el derecho al libre tránsito de los residentes de esa zona.
El máximo intérprete de la Constitución precisó que, aunque no cuestionaba la validez del contrato de concesión en sí, sí señalaba que la falta de vías alternas adecuadas haría que el cobro del peaje resultara injustificado y afectaría derechos fundamentales. El TC advirtió además que existiría un deber constitucional de reprimir y combatir la corrupción, por lo que las circunstancias que rodearon el contrato de concesión deberían ser esclarecidas por la justicia peruana.
Esta sentencia sentó un precedente legal que ahora se extiende a otras zonas concesionadas. La decisión del tribunal estableció que la implementación del contrato de concesión «Vías Nuevas de Lima», a través de obras de infraestructura, habría terminado afectando de modo irrazonable y desproporcionado el derecho al libre tránsito de los pobladores para transitar dentro de su propio distrito o salir de él.
Un Negocio Millonario en el Ojo de la Tormenta
El cobro de peajes en la Panamericana Sur generaría una recaudación anual de alrededor de 130 millones de dólares, lo que daría cuenta de la magnitud del negocio para Rutas de Lima. La concesión incluye ocho unidades de peaje preexistentes: una en la Panamericana Norte y siete en la Panamericana Sur, entre las que se encuentran Villa El Salvador, Punta Negra, San Pedro, Arica y Quebrada Seca.
Desde enero de 2024, el costo del peaje se habría incrementado a S/ 7.50 en todas las garitas de la concesionaria, con excepción de Puente Piedra, donde el cobro fue suspendido por orden judicial. Este aumento habría generado malestar entre los usuarios, quienes consideran que pagan por un servicio que no se corresponde con la calidad de las vías.
La Batalla Judicial se Intensifica
La tensión en torno a estos peajes se intensificó en junio de 2025, cuando la municipalidad de Santa María del Mar y Rutas de Lima se enfrentaron judicialmente sobre la continuidad de seis estaciones de peaje en el sur de la Panamericana. La controversia central giraba en torno al cumplimiento de una obligación contractual que exige la disposición de vías alternas adecuadas para los usuarios, de modo que se respete el derecho al libre tránsito protegido por la Constitución.
El abogado de la Municipalidad de Lima, Wilber Medina, ha sostenido que «ningún contrato celebrado como consecuencia de pago de coima no vale», haciendo referencia al origen presuntamente corrupto de la concesión. El contrato de concesión del proyecto «Vías Nuevas de Lima» se habría celebrado el 9 de enero de 2013 entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima S.A.C., por un plazo de 30 años. Este contrato habría sido el resultado del pago de millonarias coimas a la exalcaldesa de la capital, Susana Villarán, según lo reconocido por la propia exautoridad edil.
Crisis Operativa y Anuncio de Liquidación
La presión judicial y administrativa ha llevado a Rutas de Lima a una situación límite. En septiembre de 2025, la empresa informó que iniciaría un proceso de disolución y liquidación, atribuyendo esta decisión al hostigamiento y presiones por parte de la Municipalidad de Lima.
En mayo de 2025, la concesionaria ya había anunciado la desactivación de los carriles exclusivos para el sistema de pago electrónico e-pass, una medida que habría implementado en respuesta a lo que denominó como «actos hostiles» de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Según la empresa, la municipalidad habría impuesto más de 3,371 multas diarias acumuladas durante una década de operación, sumando un total que superaría los 12 millones de soles.
La empresa ha señalado que el clima generado por las autoridades municipales habría afectado su capacidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en la concesión. La relación se habría deteriorado después de múltiples desencuentros y decisiones administrativas unilaterales por parte del municipio, que habrían incluido restricciones al cobro de peajes y otros mecanismos de recaudación.
Otros Peajes Suspendidos
El fallo judicial sobre Villa y Punta Negra no es aislado. En abril de 2025, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín declaró fundada en parte una demanda de habeas corpus contra Rutas de Lima presentada por la Municipalidad Distrital de Lurín, ordenando la suspensión del cobro del peaje en Conchán.
La decisión se habría basado en que las rutas alternas descritas por la concesionaria no serían idóneas ni razonables, afectando el derecho al libre tránsito, tal como también fue desarrollado por el Tribunal Constitucional en el caso de peajes de Lima Norte.
¿Qué Sigue Ahora?
La resolución judicial precisa que esta decisión buscaría proteger derechos constitucionales, sin prejuzgar sobre la validez contractual del acuerdo de concesión vigente. Sin embargo, el fallo establece claramente que, en caso de que Rutas de Lima no acate la suspensión del cobro en los peajes indicados, se procedería a imponer multas consecutivas.
La Municipalidad de Lima, bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, ha solicitado a la Fiscalía que pida al Poder Judicial la suspensión definitiva del cobro de todos los peajes de Rutas de Lima en el sur, argumentando que la concesión tendría un origen corrupto vinculado al caso Lava Jato.
Por su parte, Brookfield Asset Management, principal accionista de la empresa desde 2016, ha rechazado las decisiones judiciales y ha advertido sobre los graves efectos de lo que considera «acciones injustificadas del Estado Peruano» en los derechos de su inversión bajo tratados internacionales vigentes. La empresa se habría reservado el derecho de recurrir a instancias internacionales para proteger sus intereses.
Con esta nueva resolución judicial, se abre un nuevo capítulo en la batalla legal que enfrenta a Rutas de Lima con las autoridades municipales y el Poder Judicial. Los usuarios de la Panamericana Sur esperan que la medida se implemente de inmediato, mientras la empresa evalúa sus opciones legales ante lo que considera un clima de hostilidad e inseguridad jurídica que habría llevado a la concesionaria a anunciar su liquidación.