Un inusual comunicado policial genera interrogantes sobre transparencia institucional y procedimientos irregulares
Un día después del fallecimiento del periodista Jaime Miguel Chincha Ravines, la Policía Nacional del Perú tomó una decisión inusual: emitir un comunicado público detallando irregularidades en los procedimientos relacionados con su certificación de defunción. El documento N° 015-2025, difundido este lunes, habría expuesto públicamente discrepancias entre la investigación policial y las decisiones del Ministerio Público, generando interrogantes sobre por qué la institución sintió la necesidad de hacer estas aclaraciones.
Según el comunicado policial, el certificado de defunción del reconocido conductor de televisión habría sido «expedido de manera irregular» por el médico Dacio Félix Maldonado Bravo, de 87 años. Lo más grave del asunto sería que este profesional reconoció no haber conocido al periodista, no haber sido su médico tratante y, especialmente, no haber acudido al domicilio para certificar el deceso.
El médico involucrado habría admitido que extendió el documento «a solicitud de un familiar a través de una agencia funeraria», sin realizar las verificaciones médicas correspondientes. Esta situación habría generado que la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI se constituyera en el lugar para verificar la situación reportada.
La controversia se habría incrementado cuando, pese a las advertencias formuladas por la Policía Nacional sobre estas irregularidades, el Ministerio Público mediante la Disposición Fiscal N° 02 del 8 de septiembre resolvió «NO HA LUGAR» iniciar investigación preliminar sobre el fallecimiento. Además, determinó que «NO HABER MÉRITO» para realizar el levantamiento del cadáver ni la necropsia de ley.
El periodista Augusto Thorndike, quien conocía al fallecido, manifestó su sorpresa por estos procedimientos: «Como puede haber hecho la certificación del deceso sin ver el cadáver. Lo hemos investigado y tiene un montón de denuncias, precisamente por este tipo de cosas». Sus declaraciones sugerirían que el médico Maldonado Bravo tendría antecedentes similares.
Las fuentes consultadas indicarían que estas prácticas podrían ser utilizadas por funerarias para evitar exámenes de necropsia y acelerar los trámites de sepultura. El comunicado policial habría sido emitido para que la ciudadanía conozca que la institución cumplió con «todas las acciones urgentes dentro del marco de sus competencias, garantizando la transparencia de las investigaciones».
El caso estaría generando debate no solo por las irregularidades reportadas, sino por la decisión de la PNP de hacerlas públicas. Es poco común que la institución policial emita comunicados detallando discrepancias con el Ministerio Público en procedimientos de esta naturaleza, lo que habría convertido este documento en un precedente institucional.
Los especialistas consultados señalarían que cuando la Policía Nacional decide comunicar públicamente este tipo de observaciones, buscaría enviar un mensaje sobre transparencia en los procedimientos y el cumplimiento de protocolos establecidos. La decisión de hacer público el comunicado habría sido tomada para que la ciudadanía conozca que la institución cumplió con sus responsabilidades, pese a las limitaciones impuestas por otras instancias.
La Policía Nacional habría reafirmado su compromiso con la defensa de los procedimientos establecidos y el respeto por la legalidad. Sin embargo, la decisión fiscal de no profundizar en las investigaciones dejaría sin resolver las dudas sobre un proceso que, según la misma policía, presentaría «consecuencias médico-legales».