Nueva directiva policial clasificaría como «información reservada» todos los datos de denuncias hasta el 2030
En una decisión que habría despertado el rechazo de especialistas en transparencia y libertad de expresión, la Policía Nacional del Perú (PNP) habría emitido una resolución que clasificaría como «información reservada» todos los datos contenidos en los sistemas de denuncias hasta el año 2030.
La medida, que estaría contenida en la Resolución Directoral N°009-2025, habría sido emitida por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP el pasado 25 de agosto, pero recientemente se habría hecho pública. El documento justificaría la clasificación como una medida «idónea» y «necesaria» para «garantizar la eficacia de las investigaciones y la finalidad de la función policial».
El alcance de la clasificación
La nueva directiva abarcaría específicamente dos sistemas fundamentales: el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) y el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (SIRDIC). Según fuentes policiales consultadas, los efectos de la directiva ya se encontrarían en vigor en ambos sistemas informáticos virtuales.
El SIDPOL comprendería todas las incidencias recogidas por las comisarías a nivel nacional, incluyendo denuncias, faltas, intervenciones y otros hechos reportados. Por su parte, el SIRDIC estaría destinado exclusivamente al registro de delitos, materia de investigación criminal especializada.
La directiva justificaría la clasificación de información como reservada amparándose en disposiciones de la Constitución, la Ley de Transparencia y su reglamento, particularmente en las excepciones establecidas al acceso a la información pública cuando esta comprometería la intimidad personal, estaría excluida expresamente por ley o por razones de seguridad nacional.
Las voces críticas no se hacen esperar
Roberto Pereira, abogado especialista en libertad de expresión e integrante del Consejo Directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), habría calificado la medida como «una resolución manifiestamente inconstitucional» que vulneraría no solo la labor periodística, sino también el derecho a la información de la población.
«Es de especial interés público que la población conozca si algunas personas, por ejemplo, que están postulando a cargos públicos o de elección popular tiene denuncias. Con esta directiva, no se va a poder obtener esa información, lo cual dota de un manto de secretismo y debilita el trabajo de la prensa», habría comentado Pereira.
El especialista habría remarcado que las excepciones contempladas para limitar el acceso a información no aplicarían al contenido de las denuncias, sino al resultado de las investigaciones policiales como declaraciones, pericias, documentos e informes. «La mera denuncia no pone en riesgo la continuidad o el éxito de las investigaciones», habría afirmado categóricamente.
Por su parte, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann, habría señalado una clara violación a principios constitucionales y a la Ley de Transparencia, la cual «hoy en día parece más una sugerencia que una ley».
Un contexto preocupante
Esta decisión se adoptaría en un contexto marcado por filtraciones de información del Estado y denegatorias reiteradas de las instituciones a requerimientos cursados al amparo de la Ley de Transparencia. Recientemente, más de 2 GB de archivos de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la PNP habrían sido expuestos en un canal de Telegram.
El exministro del Interior, Carlos Basombrío, habría calificado la directiva como «un abuso de poder inaceptable», advirtiendo que lo que se buscaría sería ocultar la información que permite hacer un análisis sobre el estado situacional del crimen en el país y así «encubrir el fracaso absoluto» en este frente.
«Es un escándalo que viene no de un general, ni siquiera del comandante general, sino del gobierno. Estoy absolutamente seguro de que es una decisión política del gobierno para encubrir el fracaso absoluto de la lucha contra el crimen», habría remarcado Basombrío.
La PNP guarda silencio
La directiva en cuestión estaría suscrita por el general PNP Javier Gonzáles Novoa, director de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la PNP. Al momento de la publicación de esta nota, la institución policial no habría respondido las comunicaciones solicitando su postura oficial sobre la controversia generada.
La medida establecería la clasificación de información por un plazo de cinco años a partir de la fecha de emisión, esto es hasta el 2030, y dispondría que la Unidad de Recepción Documental de la PNP adopte «las acciones pertinentes» para la custodia de la información clasificada como reservada.