Expresidente rechaza cargos por rebelión y acusa al Parlamento durante juicio oral por presunto golpe de Estado
El expresidente Pedro Castillo volvió a pronunciarse durante el juicio oral en su contra por el presunto intento fallido de golpe de Estado en diciembre del 2022. En el inicio de la audiencia del Poder Judicial desde el penal de Barbadillo, el exmandatario habría rechazado los cargos que le imputa la Fiscalía, así como haber cerrado el Congreso y responsabilizó al Parlamento de «sostener un Gobierno asesino», en referencia a la mandataria Dina Boluarte.
Asimismo, Castillo Terrones habría mostrado su respaldo a los mineros informales que protestan a las afueras del Legislativo y amenazó al Parlamento por promover su inhabilitación para que no pueda postular a las Elecciones 2026. Como se recuerda, Castillo habría concretado una alianza con el partido político Juntos por el Perú (JPP) y Antauro Humala.
«Buenos días, la Fiscalía siempre insiste en que yo cerré el Congreso de la República, aduciendo de que usaba, utilicé o reforcé a través de la Policía, con personajes que estaban de descanso, incluso con peluqueros, con cocineros, incluso con la policía canina. Ya jamás, me hubiese atrevido a sacrificar estos animalitos para cerrar este espacio, hubiera usado un gato», habría comenzado con su protesta el expresidente.
Sin embargo, tras ser interrumpido por la jueza Norma Carbajal, Castillo habría insistido: «Este Congreso nunca se cerró y el día de hoy sostiene a un Gobierno asesino que a los señores que salen a protestar por un derecho, primero los asesina y luego instala un mesa».
«Culmino diciendo que los pequeños mineros en el Perú no son delincuentes, los grandes sí. Este Congreso que quiere inhabilitarme. No me cabe duda que cuando lo hagan van a tener las puertas abiertas y el pueblo con los brazos abiertos», habría enfatizado.
Es preciso resaltar que el exjefe de Estado estaría siendo investigado por el presunto delito de rebelión, motivo por el cual el Ministerio Público habría solicitado 34 años de pena privativa de la libertad en su contra, así como una reparación civil mayor a los S/64 millones.