Pese a las amenazas que habría recibido por investigaciones contra redes criminales, el Estado le habría retirado la protección policial
El Ministerio del Interior habría desestimado el pedido de Delia Espinoza, quien solicitó conservar el resguardo policial para proteger su integridad personal y la de su domicilio. Pese a los argumentos que habría expuesto en un oficio dirigido al ministro Carlos Malaver, la institución habría respondido con la suspensión del servicio de seguridad que le correspondía como fiscal de la Nación.
Espinoza habría fundamentado su pedido en que durante su gestión encabezó indagaciones sobre redes criminales de alta complejidad, lo que la expondría a un mayor nivel de riesgo. Sin embargo, la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional habría comunicado de manera oficial que el resguardo sería retirado en cumplimiento de la resolución de la Junta Nacional de Justicia.
El oficio que habría remitido la PNP cita expresamente la disposición de la JNJ, que el 19 de septiembre ordenó la suspensión provisional de la fiscal de la Nación por un periodo de seis meses. Bajo este argumento, se habría determinado que Espinoza ya no contaba con las condiciones legales para recibir la protección policial destinada a funcionarios en ejercicio.
Con esta decisión, la fiscal suspendida quedaría sin un resguardo que resultaría clave frente a posibles amenazas, lo que abre un debate sobre la responsabilidad del Estado en garantizar su seguridad. La medida contrastaría con la situación de otros altos funcionarios que mantienen personal policial asignado aun después de dejar el cargo.
Esta situación expone una contradicción del sistema: mientras Espinoza habría liderado investigaciones que podrían haber generado amenazas contra su persona, el Estado le habría retirado la protección justamente cuando más vulnerable se encontraría.
Los ciudadanos se preguntan si esta decisión responde únicamente a criterios técnicos o si existirían otras motivaciones detrás del retiro de la seguridad personal de quien fuera la máxima autoridad del Ministerio Público.