Reportaje exclusivo revela cómo los dueños de Camposol pretenderían aprobar nueva ley millonaria bajo la fachada de ayudar al pequeño agricultor
La familia Dyer, propietaria de la agroexportadora Camposol, estaría detrás de una nueva maniobra legislativa que los congresistas habrían denominado internamente como «Ley Chlimper 2.0», según reveló una investigación de China Polo Dominical que expone cómo este grupo empresarial de origen cuestionado pretendería obtener beneficios tributarios millonarios justo cuando el Poder Judicial habría ordenado que devuelvan tierras al Estado peruano.
El proyecto de ley, que se aprobaría en segunda votación durante agosto, reduciría el impuesto a la renta de las grandes agroexportadoras del 25% al 15%, lo que representaría una pérdida de aproximadamente 2 mil millones de soles para el tesoro público, recursos que deberían destinarse a hospitales, colegios y obras de infraestructura que el país necesita urgentemente.
El patrimonio cuestionado de los Dyer
La empresa Camposol, que facturaría más de 550 millones de dólares anuales por sus exportaciones de arándanos, estaría en el centro de múltiples investigaciones por el origen de su patrimonio. Según testimonios recogidos por este medio, «la empresa de los Dyer siempre ha estado sujeta a investigaciones que tienen que ver con el origen de su patrimonio», señaló el congresista Alex Flores, quien marca un rechazo absoluto a esta iniciativa legislativa.
Para diciembre del año pasado, el Poder Judicial, mediante una sala de extinción de dominio, habría determinado que Camposol debía entregar sus tierras al Estado por haber sido compradas de manera irregular por Augusto Miyagusuku, quien habría actuado como testaferro de Alberto Fujimori con dinero proporcionado por Vladimiro Montesinos.
«Una vez le he entregado setecientos mil dólares para la compra de un terreno en Chavimochic a nombre del señor Miyagusuku», habría confesado Montesinos en declaraciones judiciales, revelando que estos terrenos fueron adquiridos para que Fujimori tuviera propiedades para «dedicarse a la agronomía» tras su retiro del poder.
La nueva Ley Chlimper: beneficios con nombre propio
El proyecto de ley incluiría un artículo específico de «seguridad jurídica» que beneficiaría directamente a Camposol y otras grandes agroexportadoras. Este artículo permitiría regularizar la situación jurídica de poseedores de tierras del Estado destinadas a actividad agropecuaria, siempre que la posesión se hubiera iniciado hasta el 31 de diciembre del 2020, mediante procedimiento de adjudicación directa previo pago de solo la tercera parte del valor arancelario del terreno.
«Seguros que no hablamos de una ley con nombre propio», ironizó un especialista consultado por China Polo Dominical, quien prefirió mantener el anonimato debido a las presiones que estarían ejerciendo estos grupos económicos.
El congresista Eduardo Castillo, de Fuerza Popular y presidente de la comisión agraria, habría defendido públicamente la norma argumentando que buscaría «asociar al pequeño y al grande» para la «expansión de frontera agrícola». Sin embargo, los análisis técnicos revelarían que los pequeños agricultores, al ser mayormente informales, no se beneficiarían de estas medidas.
Los verdaderos beneficiarios
La investigación reveló que además de Camposol, se beneficiarían empresas como Complejo Agroindustrial Beta, Damper Trujillo, Agrícola Cerro Prietos, Sociedad Agrícola Drocasa, Ecosac Agrícola y Agrovisión Perú. También resultarían favorecidas las vitivinícolas Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero.
«¿Qué pequeño agricultor tiene ingresos de setecientos cuarenta y nueve mil soles? Dejen de engañar», denunció el congresista Alex Flores, quien calificó la iniciativa como «una vergüenza para el país, es una traición a la patria».
Denuncias de corrupción en el Congreso
Las declaraciones más graves surgieron cuando Flores denunció directamente la existencia de sobornos: «Lamentablemente algunos congresistas de la república cobran sobornos para aprobar algunas leyes. La mayoría de congresistas de la república no aprueban, no firman una ley si es que no hay un beneficio económico para ellos».
Según el parlamentario, «aquellas empresas cuyo patrimonio es de origen oscuro son precisamente las que se relacionan con el poder político» y habría una relación directa entre el financiamiento de campañas políticas y la aprobación de normas favorables a estos grupos empresariales.
Impacto fiscal devastador
El Consejo Fiscal de Sunat y el Consejo Fiscal habrían sido claros en que este tipo de incentivos serían «lesivos a la ya caída recaudación fiscal». La pérdida de 2 mil millones de soles anuales en recaudación ocurriría en un contexto donde el país necesita urgentemente recursos para infraestructura educativa, salud y obras públicas.
«Cómo reducirles dinero cuando falta dinero para invertir en los colegios, en su infraestructura, para los alimentos, para muchas cosas. Necesita dinero, pero los congresistas quieren reducirle a las empresas más productivas», cuestionó Flores.
La explotación laboral detrás de las ganancias millonarias
Trabajadores de Camposol consultados por China Polo Dominical revelaron las condiciones laborales que estarían enfrentando mientras la empresa acumula millones en ganancias. «Los señores empresarios no ven eso, sino simplemente ven el tema de su producto que salga bien, no importando cómo lo haga», denunció una trabajadora que prefirió mantener el anonimato.
«Si te encontramos en cada planta más de lo debido, tú te vas a ir suspendido o te vas a hacer amonestado», agregó, describiendo un ambiente laboral de constante presión y amenazas.
El neolatifundismo del siglo XXI
Especialistas consultados advierten que esta ley consolidaría un nuevo modelo de concentración de tierras. «Otra vez ha vuelto el neolatifundismo, el acaparamiento de las tierras más productivas en nuestro país que está en manos de un puñado de personas», alertó Alex Flores.
La norma no solo reduciría impuestos, sino que incluiría beneficios adicionales como créditos por acopio de hasta 25% del valor del producto si compran a pequeños productores, créditos por reinversión del 25% al 35%, y limitaciones para que Sunafil pueda intervenir en estas empresas agroexportadoras.
La segunda votación decisiva
El proyecto fue aprobado en primera votación por una mínima diferencia y la segunda votación, programada para agosto, sería decisiva. «Es bastante posible que se llegue a aprobar porque estoy segura que aquí hay dinero de por medio en la aprobación de estas normas que le quitan patrimonio al estado», advirtió una fuente parlamentaria.
Los congresistas que votarían a favor habrían recibido, según las denuncias, financiamiento directo o indirecto de las empresas beneficiadas, repitiendo el patrón de corrupción que caracterizó a la original Ley Chlimper durante el gobierno de Alberto Fujimori.
El llamado a la ciudadanía
Desde China Polo Dominical hacemos un llamado a la ciudadanía para que exija transparencia a sus representantes en el Congreso. Esta ley representaría una traición al pueblo peruano, privilegiando una vez más a las familias millonarias cuyo patrimonio estaría bajo investigación, mientras millones de peruanos luchan día a día por sobrevivir.
La familia Dyer y sus empresas han demostrado que cuando se trata de obtener beneficios del Estado, no existe límite a sus ambiciones. Ahora corresponde a los peruanos de bien impedir que esta nueva Ley Chlimper 2.0 se convierta en realidad.
Esta boca no la calla nadie cuando se trata de defender los intereses del pueblo peruano frente a los grupos de poder económico que pretenden seguir saqueando al país.
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