Reportaje revela que menos del 1% de las 800,000 denuncias por violencia contra la mujer terminan en sentencia
Un nuevo reportaje de China Polo Dominical expone la cruda realidad del sistema judicial peruano frente a los casos de violencia contra la mujer. Cada 39 minutos una mujer se atreve a hablar y reporta que habría sido víctima de violación, pero las cifras revelan una justicia que no llega para la mayoría de las víctimas.
Según datos oficiales revelados en la investigación, entre enero y junio de 2025, los Centros de Emergencia Mujer atendieron un total de 6,677 casos de violación sexual en todo el país. Sin embargo, lo más alarmante sería que el Poder Judicial peruano, que habría recibido más de 800,000 denuncias por violencia contra la mujer y el grupo familiar entre 2018 y julio de 2023, solo habría logrado que 354 casos terminaran en sentencia, lo que equivaldría a menos del 1% del total.
Las cifras de feminicidios también habrían mostrado un incremento preocupante. En lo que va del 2025 se registraron 170 feminicidios, es decir, 170 mujeres habrían sido asesinadas, superando los 146 casos del 2023 y los 147 del 2022.
El Sistema de Justicia Especializada que No Funciona
A pesar de que la Ley 30364, vigente desde 2015, exigiría que las medidas de protección se dicten en menos de 24 horas, esto no siempre ocurriría, exponiendo a muchas mujeres a ser violentadas nuevamente.
El Sistema Nacional Especializado de Justicia, creado para atender con enfoque de género y mayor rapidez estos casos, debería estar presente en todo el país. Sin embargo, en 2025 solo funcionarían 8 de los 34 distritos judiciales, dejando gran parte del sistema judicial peruano sin atención especializada ni protocolos eficientes para estos casos.
El Caso del Comandante Carlos Eugenio Janes Quispe
La investigación expone el caso de Edith Ortega Jara, madre y suboficial que habría sido víctima de violencia psicológica y hostigamiento por parte del comandante Carlos Eugenio Janes Quispe y el capitán jefe administrativo Wilder Wilson Inga.
Según el testimonio recogido, el comandante Janes Quispe la habría buscado sin razón, le gritaría por todo, se burlaría de ella delante del personal y la habría humillado constantemente, atacándola especialmente por su condición de madre en período de lactancia con frases como «solo estás sentada pensando en lactancia, justifica tu sueldo, te voy a sancionar».
Carlos Eugenio Janes Quispe no sería ajeno a los expedientes fiscales. Su nombre aparecería en investigaciones por violencia contra la mujer, abuso de autoridad y hasta corrupción impropia acumuladas en diferentes regiones del país. Hoy volvería a ser señalado por agredir a una mujer.
A pesar de que la jueza Zoyla García Guamán de Morrosoli habría ordenado que trasladaran al comandante Carlos Janes Quispe, hasta ahora nadie habría cumplido con la orden. Ni la Policía Nacional ni la Inspectoría habrían actuado para mover al agresor. Al contrario, a quien cambiaron de sitio habría sido a la víctima, una joven madre que solo buscaba protección.
Escándalo en el Ministerio Público: ¿Tráfico de Influencias?
El reportaje también revela un grave incidente ocurrido el 3 de julio de 2025 en una diligencia por violencia contra la mujer en el Ministerio Público de Lima, que habría terminado en escándalo.
El abogado de la denunciante, Gonzalo Paguacho, habría acusado que el defensor del presunto agresor habría recibido con anticipación las mismas preguntas que luego le harían a la víctima. Según el testimonio, la fiscal habría estado entregando al abogado del agresor un listado de preguntas, un pliego con 24 preguntas que tenía que hacer el abogado del agresor a la víctima.
Estas hojas habrían sido entregadas por la fiscal Rosario Silva a Sian Pacheco, lo que abriría la sospecha de un posible caso de tráfico de influencias.
Justicia de Dos Velocidades
El reportaje cuestiona por qué algunos casos se moverían rápidamente mientras otros se estancarían durante años. Se cita como ejemplo el caso de la modelo Corina Rivadeneira, quien habría sido tocada por un bailarín en una función de circo. En este caso, la justicia habría actuado rápidamente y habrían condenado a dos años y seis meses al bailarín.
La investigación se pregunta por qué esa rapidez no sería para todas las víctimas y por qué algunas autoridades se demorarían con unas y se apurarían con otras.
Testimonios de Impunidad Institucional
El reportaje incluye el testimonio del abogado que intentó hacer cumplir la orden judicial contra el comandante Janes Quispe. Al acudir a la Comandancia General para entrevistarse con el comandante general, habría sido atendido por la coronel Arteaga, quien le habría dicho que «estos hechos pasan» y que «muchos oficiales están denunciados por estos hechos parecidos», minimizando la situación.
Cuando el abogado le recordó que existía una orden judicial que debía cumplirse, la coronel Arteaga le habría respondido que no se podía cambiar al oficial porque «solamente lo haría el ministro y por una motivación, no por una situación».
Un Sistema que Abandonaría a las Víctimas
Según el informe de la Defensoría del Pueblo citado en el reportaje, parte de los jueces no lograría otorgar las medidas de protección en los plazos legales. También existiría falta de credibilidad en el sistema judicial, sobre todo en las zonas rurales.
El reportaje concluye que muchas veces cuando una mujer va a una comisaría a denunciar, no le tomarían en serio o simplemente no le aceptarían la denuncia. A eso se sumaría que habría fiscales que no actuarían como deberían, se demorarían o no harían bien su trabajo.
Las medidas de protección que deberían ser rápidas llegarían tan tarde que en varios casos la víctima ya habría sido agredida otra vez o incluso habría muerto.
Esta investigación de China Polo Dominical expone una vez más las fallas estructurales de un sistema que habría abandonado a las mujeres peruanas en su búsqueda de justicia y protección.