Oficial María Evila Cabanillas habría usado falsamente ley de violencia contra la mujer para frenar investigaciones sobre presunta corrupción policial
La oficial de la Policía Nacional del Perú, María Evila Cabanillas, habría visto rechazadas por segunda vez sus medidas de protección solicitadas contra la conductora del programa «China Polo Dominical», en lo que constituiría un intento de utilizar la ley de violencia contra la mujer para silenciar reportajes de investigación periodística sobre presuntos actos de corrupción.
Según se reveló en la audiencia judicial, Cabanillas habría presentado dos denuncias por el mismo caso: la primera ante la Comisaría de Carabayllo y la Fiscalía del Cono Norte, y posteriormente una segunda denuncia en la Comisaría de Puente Piedra, ambas con el mismo resultado: el rechazo de las medidas de protección solicitadas.
La jueza Rosario Dávila fue contundente durante la audiencia al aclarar que «esta instancia solo conoce hechos de violencia cuando una mujer es estigmatizada por su condición de mujer», dejando en claro que el periodismo de investigación que revela presuntos actos de corrupción no constituye violencia de género.
Durante la audiencia, la denunciante habría manifestado un plan de victimización, llegando incluso a insinuar que podría «sacar su arma de reglamento y quitarse la vida» en lo que sería considerado un acto de manipulación total, según reveló el programa.
El abogado de Cabanillas habría revelado durante el proceso judicial que lo que realmente buscaban era «que se eliminen los reportajes de las redes» y que no se vuelva a tocar el tema, evidenciando que el verdadero propósito de la denuncia no sería la protección ante supuestos actos de violencia, sino el silenciamiento de la labor periodística.
Mientras tanto, China Polo Dominical mantiene que existen denuncias penales interpuestas contra la oficial por presuntos delitos de corrupción como colusión, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, casos que estarían siendo investigados por las instancias correspondientes.
El programa reveló que cuenta con «amenazas gravísimas del más alto calibre que involucran a los hijos de las agraviadas», las cuales estarían guardadas «bajo siete llaves» y que explicarían por qué algunas personas no se atreverían a denunciar, aunque confirmaron que existen dos denuncias en Inspectoría y una en Contraloría.
La conductora del programa expresó durante la audiencia que la situación estaría afectando no solo su trabajo, sino también a su familia, manifestando que «no puede salir» debido a la campaña de desprestigio que se habría generado en su contra a través de redes sociales.
Este caso habría puesto en evidencia un intento de uso indebido de las leyes que protegen a las mujeres víctimas de violencia de género, utilizándolas como escudo para frenar investigaciones periodísticas sobre presuntos actos de corrupción en instituciones del Estado.
La decisión judicial reafirma que el ejercicio del periodismo de investigación no puede ser considerado como violencia contra la mujer, estableciendo un precedente importante para la protección de la libertad de prensa y el derecho a la información en el país.