Un informe demoledor revela cómo la presidenta habría intensificado la represión y debilitado la democracia peruana
Dina Boluarte estaría iniciando su último año en la presidencia del Perú con graves acusaciones que la señalarían de provocar un retroceso progresivo de la democracia. Un reciente informe de Amnistía Internacional argumenta que desde inicios de su gobierno habría intensificado las restricciones a derechos fundamentales de manera sistemática.
De acuerdo a la investigación, en los últimos dos años y siete meses, el Estado habría limitado deliberadamente la libertad de reunión, expresión y asociación, perpetuado la impunidad ante muertes y represión durante las protestas, y debilitado la protección institucional contra la violencia de género, entre otros efectos preocupantes.
Represión y criminalización sistemática de las protestas
El balance, publicado a fines de julio, destaca la respuesta del Estado frente a las protestas de 2022 y 2023 como uno de los principales puntos de observación. Los números serían devastadores: en los primeros tres meses del gobierno de Boluarte, 50 personas habrían muerto y más de 1.400 resultarían heridas en medio de manifestaciones.
La mayoría de agresiones habrían ocurrido fuera de Lima, en regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco, donde la población es mayoritariamente indígena o campesina. Amnistía Internacional documentó 25 muertes y concluyó que al menos 20 podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Según la organización, las fuerzas del orden habrían actuado con un «marcado sesgo racista» y utilizado balas, perdigones y gases de forma discriminada. Los planes operativos de la Policía y las Fuerzas Armadas calificarían a los manifestantes de «delincuentes» o «grupos hostiles», una narrativa que habría servido de base para justificar el uso de armamento letal sin que la presidenta o sus ministros ordenaran un cambio de estrategia.
Esta narrativa se habría reflejado en el discurso presidencial de Boluarte por el 28 de julio, cuando se refirió a los manifestantes como «golpistas».
«Es lamentable que siga usando mensajes estigmatizantes contra quienes han expresado su oposición mediante protestas pacíficas. Este discurso re-victimiza a las familias que aún buscan justicia», critica Vanessa Cuentas, Coordinadora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú.
En diciembre del 2023, el gobierno habría publicado el Decreto Legislativo 1589, el cual agravaría penas por disturbios y añadiría un nuevo delito: la «colaboración» con protestas, incluso mediante apoyo logístico. Tras ello, una encuesta nacional del IPSOS reveló que el 85% de peruanos cree que protestar en el país no es seguro.
A ello se sumaría que en 2025 se han mantenido estados de emergencia en once regiones, lo que permitiría el despliegue de fuerzas militares sin supervisión judicial y restringiría la libertad de reunión.
Hostilidad sistemática hacia la prensa independiente
Otro de los puntos críticos destacados en el informe sería la hostilidad del gobierno hacia la prensa independiente. Durante la crisis de diciembre de 2022, la Asociación Nacional de Periodistas en Perú (ANP) habría registrado al menos 63 ataques contra periodistas.
A lo largo del mandato de Boluarte, los cuestionamientos a los medios se habrían vuelto frecuentes desde el Ejecutivo. La presidenta habría llegado a acumular más de 250 días sin responder preguntas de la prensa, mientras habría mantenido referencias negativas hacia el periodismo.
En octubre de 2024, habría calificado la labor de los medios como «terrorismo de imagen». Meses después, a inicios del 2025, se reportaron los asesinatos de Gastón Medina, en Ica, y Raúl Celis, en Loreto, periodistas que denunciaban irregularidades en sus localidades, lo que sería calificado como un reflejo de la desprotección que afrontarían los periodistas.
Amnistía también advierte sobre los efectos de la reforma de la Ley APCI, aprobada en marzo de 2025. La nueva norma obligaría que las organizaciones sociales y medios que reciben cooperación registren previamente sus actividades ante el Estado.
La presidenta habría defendido la ley en una ceremonia televisada, diciendo que buscaría «revisar a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses del país».
«La norma impone un control indebido al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con financiamiento exterior», se indica en el informe.
Impunidad institucionalizada y desprotección sistemática
El documento también resalta una serie de leyes que debilitarían la lucha contra la impunidad. Por ejemplo, el Congreso habría aprobado la Ley N° 32107, que prescribe crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, y el Proyecto de Ley N° 7549, que otorgaría amnistía a miembros de las fuerzas del orden implicados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
«Tenemos un Congreso que está caminando, de alguna manera, aliado con el crimen y me refiero a la discriminación de los derechos humanos en leyes que son aprobadas», señala Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL). Añade que «estamos viendo un ataque contra la justicia y el derecho de las víctimas para buscar reparación».
Por otro lado, el documento apunta que el premier Eduardo Arana habría mencionado sobre la creación de una comisión para evaluar la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto habría ocurrido «luego de que, durante el mandato de Dina Boluarte, el Estado haya sido declarado en desacato ante tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
«Es la enésima vez que se viene discutiendo sobre eso», observa Rivera. «Creo yo que lo que se busca es un efecto más político de deslegitimación de la Comisión y de la Corte para tomarlos en consideración como si fuesen órganos solamente políticos que solo favorecen a quienes están procesados por terrorismo, lo cual es falso», explica.
Desamparo en múltiples sectores
Las medidas de desprotección del Estado identificadas alcanzarían diversos sectores. En 2024, se habrían eliminado causales para acceder al aborto terapéutico en casos de violación infantil o malformaciones fetales. Se habría aprobado una ley que limitaría el uso de servicios sanitarios para personas trans y se mantendría un decreto que calificaría el ‘transexualismo’ como un programa de salud mental.
En materia ambiental, ocho defensores del territorio habrían sido asesinados entre 2023 y 2024, sin que existiría un sistema efectivo de protección.
Finalmente, el informe destaca que la política migratoria se habría endurecido. Las normas vigentes criminalizarían el reingreso irregular al país y permitirían expulsiones aceleradas sin el debido proceso. De 1.903 personas expulsadas bajo el nuevo sistema, solo una habría sido por razones de orden público.