Tras la revelación del suboficial Magallanes como autor del disparo mortal, el respaldo político del alto mando se desmorona
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, enfrentaría la inminente pérdida de su cargo tras el trágico desenlace de las protestas del 15 de octubre, donde el manifestante Eduardo Ruiz Sanz falleció por un disparo efectuado por el suboficial de tercera Luis Magallanes. En un giro dramático de acontecimientos, Arriola reconoció públicamente que el autor del disparo fue un efectivo policial, contradiciendo las versiones iniciales tanto del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, como del presidente interino, José Jerí, quienes habían intentado desvincular a la institución del hecho.
La posición del comandante general se habría vuelto insostenible por varios factores. Primero, por la controversia generada al identificar públicamente a Magallanes como responsable, lo que ha sido criticado incluso desde dentro de las filas policiales por considerarse un «adelanto de opinión» sin las pericias técnicas completas. Segundo, por la rápida separación de los policías involucrados, decisión que no estaría contando con el respaldo de figuras políticas clave.
En este turbulento escenario, el congresista Alfredo Azurín, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y ex integrante de la PNP, se ha pronunciado lamentando lo ocurrido tras revisar las imágenes del incidente. Azurín habría manifestado que tanto el ministro como el comandante general enfrentan un «enorme desafío» y tienen el compromiso de realizar una «profunda reestructuración» en la institución, criticando la falta de filtros adecuados en la selección de nuevos efectivos.
El ministro Tiburcio, por su parte, contradice ahora la versión de Arriola al evitar confirmar la responsabilidad de Magallanes y cuestionar que dicho efectivo no formaba parte del planeamiento operativo, como había afirmado el comandante general. Esta discrepancia pública entre las máximas autoridades de seguridad evidenciaría una fractura en la cadena de mando y una creciente presión sobre Arriola.
Diversos sectores políticos, incluyendo el ex alcalde de Lima Rafael López Aliaga, habrían exigido la renuncia tanto de Tiburcio como de Arriola, mientras que la oposición en el Congreso ya ha presentado una moción de censura contra el presidente Jerí tras confirmarse que un policía fue el responsable de la muerte del manifestante.
En estas circunstancias, según fuentes cercanas a Palacio de Gobierno, la salida de Arriola sería cuestión de tiempo, ya sea por renuncia o por destitución, pues el Ejecutivo necesitaría un «responsable visible» para aplacar la indignación ciudadana por la muerte de Ruiz Sanz, sin que esto implique necesariamente reconocer un error en el manejo de las protestas.
La situación se complica aún más con reportes de que las autoridades habrían suspendido al jefe de la Policía de Lima, lo que confirmaría que están en curso cambios significativos en la estructura de mando policial. Mientras tanto, un segundo policía también habría sido identificado por efectuar disparos durante el incidente, lo que agrava la crisis institucional.
Para el Gobierno de Jerí, que apenas lleva una semana en el cargo tras la destitución de Dina Boluarte, este episodio representa una severa crisis política y de legitimidad. Según analistas consultados, la permanencia de Arriola en el cargo sería prácticamente imposible, convirtiéndolo en el «fusible» más probable para intentar contener la crisis, aunque esto no garantizaría que el propio ministro Tiburcio o incluso el mismo presidente puedan mantenerse en sus puestos ante la creciente presión social y política.