Reporteros habrían sido confinados detrás de rejas durante evento con ministros de Boluarte en Cusco
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó enérgicamente el encierro de periodistas registrado este viernes 11 de julio durante una actividad oficial del aniversario del Colegio Educandas y del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias, en Cusco. El evento habría estado encabezado por los ministros Morgan Quero (Educación) y Walter Astudillo (Defensa), junto al congresista Luis Aragón de Acción Popular.
Según denunciaron los reporteros presentes, habrían sido confinados detrás de rejas, impedidos de movilizarse y de realizar preguntas, en lo que constituiría un claro acto de restricción al libre ejercicio periodístico. Varios equipos de prensa optaron por retirarse del lugar ante el presunto maltrato recibido.
«Desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazamos esta nueva obstrucción al trabajo periodístico», expresó la organización a través de sus redes sociales.
Esta no sería la primera vez que ocurre un hecho similar durante el gobierno de Dina Boluarte. En diciembre del año pasado, durante la inauguración de la Comisaría de Nuevo Progreso en Villa María del Triunfo, periodistas de medios como RPP y Canal N también habrían sido retenidos y contenidos junto a los vecinos.
«Es un método que usan siempre para evitar que los periodistas salgamos del área de prensa. No se puede ingresar ni salir de las rejas», sostuvo uno de los reporteros en aquella oportunidad.
La ANP exigió al Ejecutivo derogar cualquier medida que restrinja la libertad de prensa y garantice el pleno respeto al derecho a informar y ser informados.
Cifras alarmantes de agresiones
La situación se agrava cuando se analiza el panorama general de la libertad de prensa en el país. La ANP dio a conocer que, solo en los primeros cuatro meses de 2025, se habrían registrado 101 agresiones contra periodistas en el Perú. Lima concentraría la mayoría de estos incidentes (25), mientras que regiones como La Libertad, Piura y Cajamarca también mostrarían cifras preocupantes.
Los ataques van desde amenazas y hostigamientos hasta agresiones físicas y trabas para acceder a la información pública. La ANP advirtió que estas agresiones se verían alentadas por discursos estigmatizantes y medidas que buscarían criminalizar el trabajo periodístico.
Entre los casos más graves documentados destaca el asesinato del periodista Gastón Darío Medina Sotomayor, ocurrido el 9 de marzo en Ica. Medina, conductor de un programa radial que denunciaba presuntos actos de c0rrupc1ón en gobiernos locales, habría sido atacado a balazos cuando regresaba a su casa. Según informes, ya habría recibido amenazas de muerte semanas antes del crimen.
Otro caso que evidenciaría la vulnerabilidad de la prensa es el de Reynaldo Coila, reportero de Radio La Decana, quien habría sido agredido físicamente por agentes policiales mientras cubría una protesta el 7 de enero. A pesar de identificarse como periodista, habría sido golpeado con bastones y escudos, resultando con lesiones severas.
La organización demandó al Estado adoptar medidas efectivas para proteger a los comunicadores y garantizar la libertad de prensa, recordando que limitar el trabajo de los periodistas afecta directamente el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna.