Exjefe de Lima Norte sostiene que Santiváñez conocía operativos pero no habría participado
El exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, sostiene que habría sido puesto en retiro administrativo mientras investigaba a Erick Moreno Hernández, alias «El Monstruo», líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.
En una entrevista con Exitosa, Rivadeneyra reveló que existe información de que su pase al retiro habría sido una maniobra deliberada para apartarlo de la investigación. «Hay una información de que a mí me habrían puesto administrativamente en retiro para sacarme del medio porque estaba tras los pasos de este sujeto», declaró el exoficial.
Según Rivadeneyra, Santiváñez conocía meses atrás sobre la realización de un operativo para capturar a «El Monstruo», pero nunca habría acudido. «Salió a negarlo y yo pasé las pruebas de esa reunión y ahora se jacta de decir que se inició todo este procedimiento en su gestión cuando no es así. Es una mentira, un cinismo único», señaló.
El exjefe policial también hizo referencia a los videos de abril grabados en Paraguay, donde Erick Moreno habría afirmado que le pasaron la voz desde la Dirincri, así como a las declaraciones de la pareja de Moreno durante su captura, quien habría indicado que un efectivo policial le informó que estaba siendo perseguida. «Ahí están las pruebas», precisó Rivadeneyra.
El perfil de «El Monstruo»
Erick Moreno Hernández, de 33 años, habría sido identificado por el Ministerio del Interior como el líder de Los Injertos del Cono Norte, una organización criminal con base en Lima Norte y presencia en varias regiones del país.
De acuerdo con las investigaciones, la banda habría cometido secuestros extorsivos, homicidios por encargo, cobro de cupos a transportistas y comerciantes, además de tráfico de armas y drogas, entre otros delitos graves.
Entre 2023 y 2024, Moreno habría estado vinculado con al menos tres secuestros, incluido el de la empresaria Jackeline Salazar, quien habría permanecido once días cautiva en un inmueble acondicionado para impedir cualquier contacto con el exterior.
Las investigaciones revelan que el grupo habría usado teléfonos encriptados y sistemas digitales seguros que facilitaban su operación dentro y fuera del Perú. También señalan una red de protección y corrupción con contactos en entidades públicas, lo que habría frustrado varias intervenciones policiales.