Propiedades ubicadas en San Isidro habrían sido adquiridas con dinero de origen ilícito relacionado al esquema de sobornos de la constructora brasileña
La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima ejecutó desde las 5:00 a.m. de este viernes una diligencia de incautación contra cuatro inmuebles valorizados en más de 2 millones de soles, ubicados en la calle Teniente Alberto Chabrier 143, urbanización Santa Mónica, distrito de San Isidro.
Las propiedades – que incluyen un departamento, dos estacionamientos y un almacén – se encontrarían registradas a nombre de Daniela y Gabriela Simoes Barata, hijas del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.
La acción fiscal se ejecuta en cumplimiento de un mandato judicial que ordena el decomiso de los bienes por presuntamente estar vinculados al caso Odebrecht, considerado el mayor escándalo de corrupción de América Latina. Según la hipótesis del Ministerio Público, las propiedades habrían sido adquiridas con dinero de procedencia ilícita, relacionado con el sistema de sobornos que habría implementado la constructora brasileña para adjudicarse obras públicas en el país.
El fiscal Renzo Cayro Armejo, de la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, dirige la diligencia que cuenta con la presencia de personal del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional. Según información preliminar, Barata habría transferido estas propiedades en 2018, cuando negociaba su acuerdo de colaboración eficaz con las autoridades peruanas.
La incautación se enmarca en las medidas de extinción de dominio que permitirían recuperar activos relacionados con delitos de corrupción y lavado de activos. Esta figura legal posibilita confiscar bienes sin necesidad de una sentencia penal, siempre que se demuestre su conexión con actividades ilícitas.
Jorge Barata, quien fuera testigo clave en las investigaciones de corrupción, habría confesado haber dirigido pagos ilícitos a expresidentes, ministros y empresarios peruanos como parte de un esquema de coimas transnacional que habría operado Odebrecht en el país.
Los inmuebles incautados pasarían a administración del Estado peruano mientras se tramita el proceso judicial de extinción de dominio. De confirmarse su origen ilícito, serían confiscados de forma definitiva.
Esta medida sienta un precedente en la lucha contra la impunidad patrimonial, ya que apuntaría no solo a los autores directos de los delitos, sino también a su entorno familiar y empresarial. La acción se sumaría a una serie de medidas adoptadas en los últimos años para recuperar activos vinculados a la red de corrupción de Odebrecht, que habría dejado una huella profunda en el sistema político y económico del Perú.
Se espera que en las próximas horas el fiscal Cayro brinde más detalles sobre la diligencia que se extendería por más de seis horas en el interior de las propiedades incautadas.