Delia Espinoza habría advertido que sin presupuesto no podrían luchar contra minería ilegal, lavado de activos y violencia contra la mujer
La Junta de Fiscales Supremos habría lanzado una alerta que debería preocuparnos a todos los peruanos: el Ministerio Público estaría atravesando una crisis presupuestal que podría paralizar la lucha contra la criminalidad en nuestro país.
Mediante un pronunciamiento público difundido en sus redes sociales, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, habría revelado que existe una «grave situación presupuestal» que estaría afectando directamente los sistemas fiscales y sus áreas de apoyo.
Según las declaraciones de la magistrada, el déficit presupuestal sería de al menos 81 millones de soles, una cifra que habría puesto en riesgo las operaciones más importantes del Ministerio Público para el presente año.
«La autonomía del Ministerio Público en el Perú es un principio constitucional que garantiza la necesaria separación de poderes para poder ejercitar la acción penal, defender la legalidad y los intereses públicos», habría manifestado Espinoza en el pronunciamiento oficial.
La fiscal de la Nación habría sido contundente al advertir sobre las consecuencias de esta crisis presupuestal: «A la fecha, el Ministerio Público tiene un déficit de por lo menos 81 millones de soles que afectará sin lugar a dudas todos los sistemas fiscales y las áreas de apoyo a las labores fiscales».
Las operaciones que estarían en riesgo
Según el pronunciamiento oficial, esta falta de presupuesto habría puesto en jaque operaciones fundamentales para la seguridad ciudadana. Las autoridades fiscales habrían advertido que se tendrían que reducir o, en algunos casos, no podrían realizarse acciones cruciales como:
- Los peritajes necesarios para sustentar procesos judiciales
- Los desplazamientos para combatir la minería ilegal
- Los operativos para luchar contra la criminalidad organizada
- Las investigaciones por lavado de activos
- La lucha contra el tráfico ilícito de drogas
- Los casos de trata de personas
- Los delitos contra el medio ambiente
- El combate al comercio ilegal de animales
- La atención a casos de violencia contra la mujer
- La investigación de fraudes cibernéticos
Esta situación habría generado preocupación entre los especialistas, quienes consideran que la reducción de estas operaciones podría representar un retroceso significativo en la lucha contra la corrupción y la criminalidad en el país.
La Junta de Fiscales Supremos habría hecho público este pronunciamiento a través de un video difundido en la cuenta oficial del Ministerio Público en la red social X (antes Twitter), buscando generar conciencia ciudadana sobre la gravedad de la situación presupuestal que estarían enfrentando.