El Ministerio Público involucra a 27 personas entre congresistas y exministros por presunta organización criminal y tráfico de influencias
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, en el marco del caso conocido como «Los Niños».
Según el documento presentado por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, Castillo habría encabezado una red criminal que incluiría legisladores y altos funcionarios del Estado, con el objetivo de captar votos parlamentarios a cambio de beneficios desde el Poder Ejecutivo.
Los congresistas involucrados
Entre los denunciados se encuentran los congresistas de Acción Popular conocidos como «Los Niños»: Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero y Carlos Zeballos. Varios de ellos estarían imputados por organización criminal, tráfico de influencias o cohecho pasivo impropio.
También aparecen en la denuncia Karol Paredes y Carlos Alva, por presunta participación en organización criminal.
Además, el Ministerio Público incluyó a congresistas del Bloque Magisterial: Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, Oscar Zea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Nivardo Tello y Américo Gonza, señalados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
Exministros también denunciados
La denuncia alcanza también a los exministros Juan Francisco Silva (Transportes y Comunicaciones), Jorge Luis Prado (Producción) y Betssy Chávez (Trabajo), por delitos como colusión agravada, tráfico de influencias y negociación incompatible.
El esquema de corrupción
De acuerdo con la Fiscalía, esta presunta red criminal habría operado desde el Gobierno de Castillo para manipular procesos de contratación pública en sectores clave como Transportes, Vivienda, Producción y Saneamiento.
El esquema también habría alcanzado organismos descentralizados como la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos, los cuales habrían sido instrumentalizados para pagar favores políticos a congresistas a cambio de respaldo en el Parlamento.
Esta denuncia representa uno de los casos más graves de presunta corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, involucrando a un total de 27 personas entre congresistas, exministros y otros funcionarios.