Declaraciones de José Aguilar surgen tras trágico accidente en la Av. Alfonso Ugarte que dejó tres fallecidos y expuso la presunta impunidad de combis con miles de soles en multas.
Señores y señoras, la situación del transporte en Lima y Callao es una bomba de tiempo, y lamentablemente, a veces estalla. El pasado 31 de julio, un trágico accidente en la avenida Alfonso Ugarte, que involucró a un bus del Metropolitano y una combi ‘Anconero’ de la empresa ‘Nueva Estrella’, nos costó la vida de tres personas. Este hecho, que se suma a las más de 360 muertes por siniestros viales este año, destapó una vez más una verdad que todos sospechamos: la impunidad. Se supo que la combi implicada habría acumulado más de S/30,000 en multas y, aun así, seguía circulando como si nada.
Para entender qué está pasando, esta boca conversó con José Aguilar Reátegui, quien fue presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) hasta abril de este año. Aguilar no se guardó nada y apuntó a un poder que, según él, estaría saboteando los esfuerzos de fiscalización.
Consultado sobre la responsabilidad, Aguilar considera que tanto el SAT como la ATU estarían haciendo su trabajo de intervención, pero admite que no es perfecto. «Esos operativos que ahora vemos que se dan todos los días, de intervención y fiscalización diaria, nunca debieron haber parado», sentenció. Sin embargo, reconoció que la sensación de impunidad persiste.
Para el expresidente de la ATU, una medida más contundente sería acudir a los talleres de estas empresas para verificar sus planes operativos. Pero la raíz del problema, según Aguilar, sería mucho más profunda y poderosa. «La labor de fiscalización se ha visto debilitada porque existen grupos de transporte informal que cuentan con respaldo congresal», denunció. Como ejemplos, mencionó la insistencia para legalizar a los colectiveros en Lima y el reciente proyecto de ley que plantearía devolver el brevete a conductores que lo perdieron por manejar en estado de ebriedad.
Aguilar fue más allá y propuso una medida drástica: modificar el Código Penal. «Las sanciones ya no les afectan. Un conductor que presta servicio de transporte público sin contar con brevete, para mí, es un criminal. Porque está poniendo en riesgo la vida de varias personas», afirmó, incluyendo en la responsabilidad a los dueños de los vehículos que, en algunos casos, preferirían contratar a choferes sin licencia.
Frente a las críticas sobre la gestión de la ATU, como las de la congresista Patricia Chirinos, quien ha propuesto su eliminación, Aguilar defiende que el reordenamiento toma tiempo y que la verdadera solución pasa por impulsar el transporte masivo, como las líneas 3 y 4 del Metro. Señaló que gran parte del problema de la congestión son los colectivos. «Manejan como sea y dejan a los pasajeros donde sea», criticó.
Finalmente, hizo un llamado a que, en lugar de prometer amnistías o eliminar entidades, se planteen propuestas serias para lograr la tan ansiada reforma del transporte.