Mega operativo «Los Sanitarios de la Corrupción» habría destapado millonario desfalco en obra de salud
La Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú habría ejecutado un mega operativo que resultó en la detención de ocho personas, entre ellos exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura durante la gestión de Servando García y trabajadores vinculados a la empresa ECOSAC. Los intervenidos estarían siendo investigados por el presunto delito de colusión agravada en la ejecución del hospital de Huarmaca.
Esta obra habría estado a cargo del Consorcio Hospital Piura, entidad que presuntamente abandonó el proyecto con apenas un 15% de avance, pese a que ya se le habría desembolsado más de 30 millones de soles de fondos públicos.
«La obra fue licitada por 54 millones de soles, en una adenda lo suben a 84 millones. En el proceso de ejecución de obra el gobierno regional desembolsa 30 millones por un avance de solo el 15% de la obra. E inclusive, se paga por la implementación de los biomédicos por un valor de un millón de soles. Dichos implementos nunca se han entregado y se desconoce su paradero», habría declarado el coronel PNP Cosme Minaya Flores, jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados al Crimen Organizado.
El operativo denominado «Los Sanitarios de la Corrupción» se habría desarrollado simultáneamente en las regiones de Piura, Lima, Lambayeque, Iquitos y Cerro de Pasco, donde se habrían allanado 20 inmuebles vinculados a 13 investigados. Durante la acción se habría logrado la detención preliminar por siete días de:
- Saúl Laban, exgerente de Infraestructura del GORE Piura
- Jim Merino, exabogado de la oficina de Obras
- Wilmer Vise, exgerente de Infraestructura
- Rodolfo Jiménez, exdirector de Obras
- Miriam Acuña, gerente general de la empresa supervisora ECOSAC
- Fernando Elías y Moisés Benjamín, residentes de obras
- Diego Quispe
Es importante señalar que no se habría logrado la intervención de ninguno de los trabajadores del consorcio que estuvo a cargo de la ejecución de la obra, según informaron las autoridades.
Este caso representaría un nuevo golpe contra la corrupción en el sector público, específicamente en obras de infraestructura de salud que deberían beneficiar directamente a la población más vulnerable de la región Piura.