Exclusivo reportaje de China Polo Dominical revela cómo la cúpula militar y la Contraloría habrían actuado como cómplices para ocultar graves irregularidades en contratación directa
Un grave escándalo de presunta corrupción remece al Ejército Peruano tras revelarse que habría ejecutado una contratación directa por 99.6 millones de soles con la empresa Elicentro Perú, la cual no contaría con la autorización de la marca fabricante rusa de aeronaves y cuyo representante legal, Juan Gerardo Castro Ventosilla, estaría siendo investigado por la DIRILA (División de Lavado de Activos de la Policía) por presuntos delitos financieros.
La investigación exclusiva de China Polo Dominical ha logrado acceder a documentos internos que revelarían cómo el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, habría aprobado mediante resolución esta contratación directa cuando se desempeñaba como comandante general del Ejército, mientras que César Briceño Valdivia, actual comandante general del Ejército, habría firmado la autorización correspondiente.
Irregularidades desde el origen
Según la especialista en contrataciones del Estado, Mónica Yaya, consultada por este medio, la contratación habría estado viciada desde su inicio al no contar con el informe previo favorable de la Contraloría General de la República, requisito indispensable establecido en el artículo 27, inciso D de la Ley de Contrataciones del Estado.
«Esta contratación directa debió requerir previamente el informe de Contraloría General de la República. Si ellos contrataron directamente sin el informe previo, aunque califiquen esa compra como secreta por razones de orden interno, han incumplido con lo dispuesto en la normativa», explicó la experta.
La gravedad del caso se incrementa al revelarse que el expediente de contratación directa 004 del 2023 no contaba con clasificación alguna hasta que salieron a la luz las irregularidades detectadas por la auditoría de la OSI (Órgano de Control Interno) del Ejército.
Cambio irregular de clasificación
El escándalo se agrava cuando el 9 de junio de 2023, David Ojeda Parra aprobó la contratación directa para el overhaul de cuatro helicópteros MI8MTB, y el 5 de julio del mismo año se otorgó la buena pro a Elicentro Perú. Sin embargo, más de un año después, cuando la auditoría posterior reveló las irregularidades, el Ejército habría decidido clasificar retroactivamente el contrato como «secreto militar».
El general de brigada Moisés Carvajal Malca, jefe del Servicio de Material de Guerra, había confirmado mediante oficio número 1101 del 2025, fechado el 24 de febrero, que «el expediente de contratación directa 004 del 2023 no cuenta con clasificación alguna», evidenciando que la clasificación secreta habría sido una maniobra posterior para evitar las consecuencias legales.
Contraloría como cómplice del encubrimiento
La investigación revela que la Contraloría General de la República, dirigida por César Enrique Aguilar Surichaqui —propuesto por la presidenta Dina Boluarte—, habría actuado como cómplice del encubrimiento al aceptar la clasificación retroactiva como «secreto» y prohibir la divulgación del informe de auditoría número CER 0042025.
«La Contraloría General de la República sabe por sus normas internas que están prohibidas las regularizaciones. Entonces, ¿por qué en el caso del Ejército peruano la Contraloría está permitiendo realizar regularizaciones de procesos que debieron ser declarados nulos?», cuestiona la especialista Mónica Yaya.
Empresa sin certificaciones requeridas
Elicentro Perú, empresa con capital mayoritariamente colombiano, no contaría con el reconocimiento de la marca fabricante rusa de aeronaves, requisito indispensable para realizar el servicio de overhaul contratado. Además, su representante legal en Perú, Juan Gerardo Castro Ventosilla, habría sido investigado junto al general Carlos Manuel Valer Cruces, quien dirigía la DIRILA cuando presuntamente se intentó esconder los expedientes relacionados con esta empresa.
Intentos de silenciamiento interno
Fuentes internas revelan que cuando esta información llegó al gobierno, implicando a las dos cabezas del Ejército en actos de presunta corrupción, se habría dado la orden al contralor César Enrique Aguilar Surichaqui de detener todo. Como consecuencia, el jefe de la OSI del Ejército, Andrés Ibarraguirre Cabrera, habría emitido informes contradictorios pidiendo primero a la Procuraduría que devuelva lo presentado por ser «clasificado como secreto», para luego emitir otro informe solicitando que ya no devuelvan nada.
Otros contratos bajo sospecha
El escándalo no se limita a los 99.6 millones del contrato con Elicentro Perú. La investigación ha determinado que existen otros tres contratos por un total de 540 millones de soles que también habrían sido declarados secretos aparentemente de la misma manera irregular, lo que habría permitido a esta empresa realizar negocios también con la Fuerza Aérea del Perú, pese a no contar con la certificación de la Dirección de Aeronáutica Civil.
Responsabilidad política y administrativa
El caso involucra directamente a los más altos niveles del gobierno de Dina Boluarte. David Ojeda Parra, actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y César Briseño Valdivia, comandante general del Ejército, habrían puesto sus firmas autorizando esta compra que la especialista califica como «ilegal».
«Todos aquellos que hayan puesto su firma autorizando esta compra ilegal, están también incumpliendo con el deber que juramentaron honrar cuando tuvieron el cargo que las fuerzas armadas y el Perú entero les ha dado», señala la investigación.
Denuncia en la Procuraduría
El exfuncionario de la OSI del Ejército, Andrés Ibarraguirre Cabrera, habría presentado una denuncia en la Procuraduría Anticorrupción, la cual estaría a cargo de la doctora María Caruajulca. Sin embargo, persisten las dudas sobre si esta denuncia será atendida adecuadamente, considerando los intentos de encubrimiento detectados.
La investigación de China Polo Dominical continuará revelando más detalles de este caso que pone en evidencia cómo presuntos actos de corrupción habrían permeado las más altas esferas de las Fuerzas Armadas del gobierno de Dina Boluarte, mientras que los organismos de control que deberían fiscalizar estos actos habrían actuado como cómplices del encubrimiento.