Con apenas 29,068 chalecos para 105,000 efectivos en las calles, el Estado mantiene un patrón de compras fragmentadas mientras adjudica a empresas con antecedentes turbios
Una investigación revela que el Estado peruano habría perpetuado durante décadas un sistema negligente de contrataciones que mantiene desprotegidos a los efectivos policiales: fragmenta las compras en cantidades ridículas mientras adjudica contratos a empresas con antecedentes por documentos fraudulentos, creando un ciclo que prioriza la burocracia sobre la vida de los policías.
Según datos oficiales de la Policía Nacional, la institución contaría con 29,068 chalecos antibalas, pero tendría que atender a 105,000 efectivos policiales asignados a las calles, con aproximadamente 50,000 en servicio por turno. Esta realidad significa que incluso en el mejor escenario, 3.6 policías deben compartir cada chaleco disponible, mientras que por turnos la cifra se reduciría a 1.7 efectivos por chaleco.
El caso más emblemático de esta negligencia sería el del suboficial Juan Carlos Díaz, quien fue asesinado en Los Olivos portando un chaleco de «protección mínima» que había adquirido con su propio sueldo, mientras el Estado mantenía un sistema que no garantiza protección adecuada a quienes arriesgan sus vidas defendiendo la seguridad ciudadana.
Discrepancias en cifras oficiales
Sin embargo, existe una discrepancia significativa en las cifras oficiales. Mientras que datos de la Policía Nacional indican que cuentan con 29,068 chalecos antibalas para 105,000 efectivos en las calles, el ministro del Interior, Carlos Malaver, declaró en agosto de 2025 que la institución solo contaría con 9,173 chalecos operativos para entre 120,000 y 130,000 efectivos policiales.
Esta diferencia en las cifras oficiales plantea interrogantes sobre la transparencia en el reporte de datos institucionales y sobre cuáles son los criterios utilizados para determinar el estado «operativo» de los equipos. La discrepancia podría explicarse por diferencias entre chalecos «totales» versus «operativos», o por el uso de bases de datos institucionales que no se actualizan de manera coordinada.
El patrón de fragmentación sistemática
Independientemente de cuál cifra sea la correcta, ambas evidencian un patrón preocupante de fragmentación que habría caracterizado las compras estatales durante años. Según cifras oficiales, las adquisiciones desde 2018 habrían sido «limitadas y dispersas»: 4,060 chalecos en 2018; 1,400 en 2019; apenas 140 en 2020; 400 en 2023 y 3,173 en 2024.
Esta estrategia de compras fragmentadas contrasta dramáticamente con la magnitud de la necesidad real. Fuentes policiales señalan que se requerirían aproximadamente 30,000 chalecos para cubrir adecuadamente a los efectivos en riesgo, lo que evidencia que las adquisiciones actuales representan apenas una fracción mínima de lo necesario.
El ministro Malaver anunció en agosto de 2025 una nueva convocatoria internacional para 3,164 chalecos adicionales, con entrega prevista para enero de 2026. Sin embargo, esta compra seguiría el mismo patrón de fragmentación que ha caracterizado al sistema: incluso sumados a los chalecos existentes, la cobertura seguiría siendo insuficiente para proteger adecuadamente a la totalidad de efectivos policiales.
Empresas sancionadas en el sistema
La problemática se habría agravado por la permanencia en el sistema de empresas con antecedentes cuestionables. El caso de CADDIN ilustraría estas deficiencias en los procesos de verificación de proveedores.
En 2019, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a CADDIN con 40 meses de inhabilitación por haber fraguado documentos para obtener la buena pro de un contrato de S/5.4 millones destinado a la compra de 4,000 chalecos antibalas. La empresa habría presentado un certificado falso de la empresa SGS para acelerar el cobro.
Cuando el Ministerio del Interior consultó con SGS, esta empresa confirmó que el certificado «no era el original y carecía de todo valor. Además, contenía datos adulterados de algunas pruebas y había documentos que no provenían de SGS». El Tribunal destacó que funcionarios del Ministerio del Interior autorizaron el pago sin verificar el contenido que presentó la proveedora.
A pesar de estos antecedentes, CADDIN habría continuado participando en procesos de contratación con entidades públicas, lo que evidenciaría fallas en los sistemas de verificación de proveedores y control de antecedentes.
Fallas en el due diligence institucional
La persistencia de empresas con antecedentes problemáticos en el sistema de contrataciones revelaría deficiencias estructurales en los procesos de due diligence institucional. La normativa del OSCE establece claramente que las entidades deben verificar los antecedentes de los proveedores, incluyendo sanciones previas del Tribunal de Contrataciones.
La legislación actualizada en 2025 refuerza estos requisitos al establecer que las entidades deben implementar «un sistema de evaluación del desempeño de los proveedores, considerando factores como cumplimiento de plazos, sostenibilidad, riesgo financiero y antecedentes judiciales». Sin embargo, casos como el de CADDIN sugieren que estos controles no se aplicarían efectivamente.
Esta situación plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control existentes y sobre si las entidades públicas cuentan con los recursos y procedimientos necesarios para verificar adecuadamente los antecedentes de los proveedores antes de adjudicar contratos.
El costo humano del sistema negligente
Las consecuencias de este sistema negligente trascienden las cifras y se materializan en tragedias humanas. El suboficial Juan Carlos Díaz representa el rostro más dramático de esta crisis: un efectivo que, ante la falta de equipamiento institucional, tuvo que costear su propia protección con recursos personales.
Su caso no sería aislado. El suboficial José Gabriel Munive también fue asesinado después de tener que comprarse su propio chaleco antibalas porque «la PNP no le había asignado uno», según denunció su madre. Estos casos evidencian cómo las deficiencias del sistema de contrataciones se traducen directamente en riesgo para la vida de los efectivos policiales.
Incluso considerando la cifra más optimista de 29,068 chalecos para 105,000 efectivos en las calles, la cobertura seguiría siendo insuficiente, especialmente considerando que aproximadamente 50,000 policías estarían en servicio simultáneamente por turno. La realidad actual, con 1.7 a 3.6 policías por chaleco según diferentes escenarios, significa que una proporción significativa de efectivos que realizan operativos de riesgo lo hacen sin la protección adecuada.
Décadas de ineficiencia acumulada
La crisis actual sería el resultado de décadas de gestión ineficiente. La última compra masiva de chalecos antibalas se habría realizado en 2015, hace una década. Desde entonces, el patrón de adquisiciones fragmentadas no habría logrado cerrar la brecha entre necesidad y disponibilidad.
Este patrón sugiere problemas estructurales que van más allá de las limitaciones presupuestales. ¿Por qué realizar múltiples compras pequeñas en lugar de licitaciones grandes que generen economías de escala y mayor eficiencia? ¿Las compras fragmentadas buscan evitar los controles más estrictos que aplicarían en licitaciones de mayor envergadura?
Interrogantes sobre el diseño del sistema
La investigación plantea preguntas fundamentales sobre si el sistema actual de contrataciones responde a limitaciones operativas o a un diseño que facilita la evasión de controles más rigurosos:
- ¿Por qué fragmentar sistemáticamente las compras cuando la necesidad es masiva y conocida?
- ¿Existe un sistema efectivo de verificación de antecedentes que impida la participación de empresas sancionadas?
- ¿Las entidades cuentan con los recursos necesarios para realizar due diligence adecuado?
- ¿El sistema actual favorece la perpetuación de proveedores con antecedentes cuestionables?
- ¿Por qué existen discrepancias tan significativas en las cifras oficiales entre instituciones?
La urgencia de reformas estructurales
La evidencia sugiere que el problema trasciende las deficiencias presupuestales y apunta a la necesidad de reformas estructurales en los procesos de contratación pública. La fragmentación sistemática de compras, combinada con deficiencias en la verificación de antecedentes de proveedores, habría creado un sistema que no responde eficientemente a las necesidades reales de seguridad.
El anuncio del ministro Malaver sobre la nueva compra de 3,164 chalecos para enero de 2026, aunque necesario, seguiría el mismo patrón que ha caracterizado al sistema durante años. Sin reformas estructurales que aborden las causas profundas de la fragmentación y mejoren los procesos de verificación de proveedores, es probable que la crisis de equipamiento policial persista.
Responsabilidad institucional
Mientras el Estado mantiene un sistema que perpetúa la desprotección policial a través de compras fragmentadas y deficiencias en el control de proveedores, efectivos como Juan Carlos Díaz y José Gabriel Munive pagan con sus vidas las consecuencias de esta negligencia institucional.
Las discrepancias en las cifras oficiales entre diferentes instituciones del mismo Estado añaden un elemento adicional de preocupación sobre la coordinación y transparencia en la gestión de información pública. ¿Cómo pueden los ciudadanos evaluar la eficacia de las políticas públicas si las propias instituciones manejan datos contradictorios?
La pregunta que surge es si esta situación constituye negligencia administrativa o si responde a un diseño deliberado que facilita la operación de un sistema menos transparente y eficiente que el que resultaría de licitaciones masivas con controles rigurosos.
La reforma del sistema de contrataciones públicas no es solo una cuestión de eficiencia administrativa, sino una obligación moral hacia quienes arriesgan sus vidas defendiendo la seguridad ciudadana y merecen contar con la protección adecuada que solo un Estado eficiente puede garantizar.