Criminales exigirían cumplimiento de «trato» a magistrados tras presunto soborno
En un alarmante hecho que evidenciaría la vulnerabilidad del sistema judicial peruano, la jueza Rosmary Cuya Carranza y el juez Daniel Ernesto Cerna Salazar del Juzgado Penal de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla, habrían sido amenazados de muerte a través de un video intimidante.
El material audiovisual, al que tuvo acceso China Polo Dominical, mostraría dos armas de fuego y numerosas municiones mientras se escucha una voz que habría advertido a los magistrados sobre graves consecuencias si no cumplen con liberar a personas aparentemente vinculadas a «los Michis».
Lo más grave de la situación sería que el audio revelaría un presunto acto de corrupción ya consumado. «El pago ya se dio, la plata está en sus manos, el trato de nosotros ya está… cumplan con su palabra y todos tranquilos», se escucharía en la grabación, lo que sugeriría que los magistrados habrían recibido dinero a cambio de favorecer ilegalmente a los miembros de esta banda criminal.
La amenaza sería explícita y estaría dirigida no solo a los jueces sino también a sus familias: «No hagan que derrame sangre toda su familia, están advertidos. Este fin de mes los quiero en la calle», señalaría la voz en el video.
Los presuntos criminales exigirían la liberación de personas identificadas como «Hermanito del Gordo Daniel» y «Loco Frank», estableciendo como plazo límite el fin de mes, y se identificarían como miembros de la banda «los Michis», quienes en tono amenazante afirmarían: «los Michis nunca mueren, los Michis seguimos activos, sea para quien sea».
Esta situación no solo pondría en evidencia la grave exposición de nuestros magistrados ante organizaciones criminales, sino que también revelaría un posible caso de corrupción judicial donde los magistrados ya habrían recibido dinero y ahora estarían siendo presionados para cumplir con su parte del trato ilícito.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Poder Judicial ni la Policía Nacional del Perú habrían emitido pronunciamiento alguno sobre este grave hecho que comprometería la integridad del sistema judicial peruano.
