Filtración de exámenes, nepotismo, mochasueldos y ahora servicios de spa con recursos del Estado: la parlamentaria del Bloque Magisterial acumula cinco escándalos graves en menos de cuatro años en el Congreso
Señores y señoras, mientras la congresista Lucinda Vásquez intenta minimizar el escándalo por usar a sus trabajadores parlamentarios como pedicuristas y empleados domésticos, es momento de que recordemos que este no es su primer acto cuestionable. La verdad es que la legisladora de San Martín arrastra una serie de denuncias y escándalos que pintan un cuadro muy distinto al de la «maestra sindicalista» que vendió en campaña.
Con apenas 8,778 votos, Lucinda Vásquez Vela llegó al Congreso en 2021 bajo las filas de Perú Libre, el partido que llevó a Pedro Castillo a Palacio de Gobierno. Hoy, a punto de cumplir cuatro años en el cargo, la parlamentaria del Bloque Magisterial enfrenta denuncias por tráfico de influencias, nepotismo, recorte ilegal de salarios y uso indebido de recursos del Estado. Y aunque ella prefiere gritar «difamación» cada vez que la prensa la confronta, las evidencias hablan por sí solas.
La maestra que habría vendido exámenes a sus colegas
El escándalo más grave que pesa sobre Vásquez data de 2021, apenas meses después de haber jurado como congresista. En enero de 2025, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra ella por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.
Los hechos habrían ocurrido entre el 31 de agosto y el 13 de noviembre de 2021, cuando la Prueba Única Nacional para el Concurso de Acceso a la Carrera Pública Magisterial fue filtrada y vendida a docentes de San Martín y otras regiones del país.
Según la investigación fiscal, Vásquez habría utilizado su influencia en el Ministerio de Educación para obtener el examen a través de Ynés Gallardo Calixto, hija del entonces ministro de Educación Carlos Gallardo. Un testigo protegido declaró ante la fiscal anticorrupción de San Martín que la congresista viajó a Tarapoto el 11 de noviembre de 2021, dos días antes de la prueba, acompañada de tres docentes.
El testimonio es contundente: la prueba habría sido vendida por 3,000 soles por copia, y los profesores se habrían juntado en grupos de 10 para reunir el dinero. La venta habría comenzado a las 00:00 horas del 13 de noviembre, el mismo día del examen, «con el objetivo de que no se riegue la información», según declaró el testigo.
Los vendedores identificados habrían sido el profesor Jorge Fasanando Pezo y el médico activista Luis Zafra Carrera, quienes habrían actuado «por orden de la congresista». El dinero recaudado habría sido entregado a Vásquez mediante testaferros.
La investigación también involucra a otros docentes: Héctor Llamacpomcac Ravelo, Olga Carmela Chávez Muñoz y María Angelina Tapia Leyva, todos vinculados a la presunta filtración y comercialización del examen.
Cuando se le preguntó sobre el caso, Vásquez respondió con su táctica habitual: negar todo y victimizarse. «Descarto esa acusación, es una difamación terrible. He denunciado actos de corrupción en Tarapoto, sé de dónde viene esto», declaró. Sin embargo, la denuncia constitucional sigue su curso y el Congreso deberá decidir si levanta su inmunidad parlamentaria para que pueda ser procesada judicialmente.
El despacho familiar: tres sobrinos sin título universitario ganando hasta 7,200 soles
En mayo de 2025, un programa domincal destapó otro escándalo: Lucinda Vásquez habría convertido su despacho congresal en una empresa familiar, contratando a tres sobrinos nietos sin título universitario registrado en la Sunedu.
Los beneficiados son Jimmy Pinchi Pezo, coordinador del despacho con un sueldo de 3,146 soles; Edwar Rengifo Pezo, auxiliar con 3,600 soles; y Kenyi Castro Rivas, técnico del despacho que percibe nada menos que 7,200 soles mensuales. Ninguno de los tres cuenta con título universitario que justifique sus cargos ni sus salarios.
Pero el nepotismo no termina ahí. El reportaje también reveló que Marti Frans Villacorta Vásquez, hijo de la congresista, visitó el despacho más de 130 veces y habría realizado visitas institucionales identificándose como personal del Congreso, pese a no figurar como trabajador oficial del Estado. Este hecho constituiría el delito de falsedad ideológica.
Cuando fue consultada sobre las contrataciones irregulares, Vásquez primero negó haber contratado familiares. Luego, ante la evidencia, cambió su versión y alegó que sus sobrinos cumplían «funciones administrativas».
«Mochasueldos»: cuando la maestra se convertía en extorsionadora
El mismo reportaje de mayo reveló algo aún más grave: Vásquez habría obligado a sus trabajadores a entregarle parte de sus sueldos bajo el pretexto de «préstamos personales» que jamás devolvía.
Walter Tello, exasesor principal del despacho, fue quien destapó el esquema. «No solo yo, sino también dos trabajadores más, renunciamos por una serie de irregularidades, entre ellas el recorte de remuneraciones en diferentes modalidades», declaró públicamente.
Tello explicó que en su caso era una modalidad de préstamos para depositarse en cuentas de familiares de la congresista «con la devolución posterior supuestamente, pero dichos montos nunca eran devueltos». Los montos variaban: 400, 500 soles, hasta una última ocasión de 2,500 soles. El argumento siempre era el mismo: «un préstamo personal de urgencia».
Un dominical presentó conversaciones de WhatsApp y comprobantes bancarios que confirman las operaciones. En los chats se observa cómo la propia Vásquez enviaba números de cuenta a sus trabajadores con mensajes directos: «Le envié la cuenta, señor Tello. Comuníqueme. 500, gracias».
Los depósitos iban a cuentas de Hugo Pinchi Vásquez, Wini Elva Rengifo Pezo y Milagros Saldaña, esta última cercana al hijo de la congresista.
El caso más escandaloso es el de Natalia Vásquez, contratada como asesora II. Durante varios meses fue obligada a depositar más de 2,000 soles mensuales de su sueldo a Kenyi Castro Rivas, el sobrino nieto de la congresista que gana 7,200 soles. Todo quedó registrado en chats. «Kenyi, ahí te envío lo de mi sueldo», escribía la trabajadora. «Gracias, compañera», respondía él.
Pero las irregularidades no terminaban ahí. Durante las semanas de representación, cuando los congresistas reciben un bono extra del Estado, eran los trabajadores quienes asumían los gastos logísticos de Vásquez. En un chat, un asesor confirma haber entregado 1,200 soles en efectivo a través del sobrino de la parlamentaria, mientras ella conservaba íntegramente el bono asignado por el Congreso.
Cuando el dominical intentó confrontarla con estas denuncias, Vásquez optó por insultar y huir de las cámaras. Posteriormente, calificaría todo como «totalmente falso».
Del despacho congresal al spa personal
Y así llegamos al escándalo actual, destapado este domingo 26 de octubre de 2025. Las imágenes son contundentes: Edwar Rengifo Pezo, el mismo sobrino nieto que aparece en planilla como auxiliar, arrodillado en el despacho 103 del edificio Juan Santos Atahualpa, cortándole las uñas de los pies a la congresista mientras ella consulta su teléfono móvil. La fecha: 6 de noviembre de 2022.
Otra fotografía muestra a Willer Sajami Collantes, asesor II y economista de profesión, en la casa personal de la congresista preparándole el desayuno. La hora: 9:03 de la mañana del 19 de enero de 2023, en pleno horario laboral. En la imagen también aparece Luis Villacorta Arce, esposo de Vásquez, supervisando la preparación.
Un tercer trabajador, Luis Llaguento Heredia, fue captado lavando ollas en lo que sería la cocina del despacho congresal, junto a plátanos recién cortados.
Cuando un reportero le preguntó si era requisito de sus asesores cortarle las uñas de los pies, Vásquez respondió con una frase que ya es viral: «Yo no obligo a nadie. Tampoco es voluntario, pregúntenme qué leyes hace la congresista».
Los delitos que habría cometido
Abogados penalistas consultados por diversos medios han identificado una serie de delitos que Vásquez habría cometido:
- Tráfico de influencias agravado: Por la filtración y venta del examen docente. Ya existe denuncia constitucional.
- Concusión: Por el recorte ilegal de salarios a sus trabajadores. Este delito tiene una sanción de hasta 8 años de pena privativa de la libertad.
- Peculado: Por el uso indebido de recursos públicos y personal del Estado para fines personales (pedicura, cocina, servicio doméstico).
- Negociación incompatible: Por haberse interesado en la contratación de sus familiares.
- Colusión: Por haber participado en la decisión de contratación irregular de sus sobrinos.
- Falsedad ideológica: Su hijo al presentarse como funcionario del Congreso sin tener vínculo laboral formal.
El silencio cómplice del Congreso
Lo más grave de todo este historial de presuntos actos de corrupción es la tibia respuesta del Congreso. Mientras las evidencias se acumulan y los testimonios se multiplican, la Comisión de Ética apenas ha solicitado descargos a la congresista.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en mayo pasado pidió la intervención del Ministerio Público y afirmó que de corroborarse las denuncias sería «absolutamente ilegal». Sin embargo, meses después, Vásquez sigue en su cargo, cobrando su sueldo del Estado y, al parecer, haciendo lo que le viene en gana con los recursos públicos.
El actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó el último escándalo como «repudiable» y una «humillación» para los trabajadores. «Espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas para sancionar a esta congresista», declaró. Pero ya sabemos cómo funciona la Comisión de Ética: lenta, condescendiente y poco efectiva.
Los 8,778 votos más caros de San Martín
Lucinda Vásquez llegó al Congreso con apenas 8,778 votos, uno de los respaldos más bajos de todo el Parlamento. Sin embargo, en menos de cuatro años ha protagonizado cinco escándalos mayores que han costado al Estado no solo económicamente, sino en credibilidad institucional.
Mientras ella se presenta como una «maestra de carrera» con 42 años de trayectoria magisterial y líder sindical, las evidencias muestran a una congresista que habría convertido su cargo en una fuente de enriquecimiento personal y familiar.
Los números son escalofriantes: tres sobrinos ganando más de 13,000 soles mensuales sin título universitario, recortes ilegales que habrían sumado miles de soles, la presunta venta de exámenes por 3,000 soles cada uno a decenas de docentes, y el uso descarado de personal del Estado para servicios personales.
Una visita que no debe olvidarse
Como dato adicional, Vásquez también habría visitado la famosa casa del pasaje Sarratea en Breña durante el gobierno de Pedro Castillo, donde se habrían realizado reuniones clave del entorno presidencial. Ella misma admitió haberse reunido con el mandatario en dicha vivienda, aunque nunca explicó el motivo de esos encuentros.
Señores y señoras, mientras Lucinda Vásquez sigue en el Congreso votando leyes y cobrando su salario, miles de maestros que fueron honestos en el concurso de 2021 quedaron fuera porque otros habrían pagado 3,000 soles por la prueba filtrada. Mientras ella disfruta de servicios de pedicura con recursos del Estado, trabajadores peruanos se parten el lomo para pagar impuestos que financian estos despilfarros. Mientras sus sobrinos sin título universitario ganan 7,200 soles, profesionales capacitados no encuentran empleo.
Este es el Congreso que tenemos. Esta es la «representación» de San Martín. Y mientras no haya sanciones ejemplares, seguiremos viendo el mismo patrón: corrupción, impunidad y descaro.
La pregunta ya no es si Lucinda Vásquez debe ser sancionada. La pregunta es: ¿cuánto más vamos a tolerar como país?