China Polo Dominical revela cómo María Violeta Benavides pagó al contado 1.17 millones de soles por una casa en exclusivo condominio de Cañete
Una investigación exclusiva de China Polo Dominical destapó un caso que podría configurar lavado de activos en las más altas esferas de la justicia peruana. María Violeta Benavides Vargas, hermana de la fiscal suprema Patricia Benavides, habría adquirido una lujosa propiedad valorizada en 1.17 millones de soles en el exclusivo condominio Puerto Madero de Cañete-Mala, pagada completamente al contado, según los registros de SUNARP.
La adquisición, realizada el 29 de mayo de 2025, llamaría la atención por la aparente desproporción entre los ingresos declarados de la pediatra y el monto de la transacción. Según los documentos revisados, no existiría crédito hipotecario alguno que respalde la compra, lo que indicaría que el pago habría sido realizado en efectivo.
El perfil financiero de María Violeta Benavides Vargas presentaría múltiples inconsistencias. La pediatra sería representante legal de Mavimedic E.I.R.L., una empresa que según SUNAT contaría con apenas dos trabajadores y se dedicaría a actividades médicas. Su presencia en redes sociales sería escasa, sin un impacto comercial notable que justificaría ingresos extraordinarios.
Según el portal de proveedores del Estado, María Violeta Benavides no figuraría con contratos recientes, y sus ventas anteriores al Estado habrían sido mínimas desde 2021. Más llamativo resulta el hecho de que, según INFOCORP, mantendría una deuda pendiente de 455 soles desde septiembre de 2024, la cual no habría sido saldada hasta la fecha.
El contraste resulta evidente: una profesional que debería 455 soles habría conseguido 1.17 millones para adquirir una propiedad en una de las zonas residenciales más exclusivas del país. En 2005, la misma pediatra adquirió su oficina mediante hipoteca, como cualquier profesional de clase media, financiando su compra a plazos durante una década.
El contexto familiar agrava las sospechas
Patricia Benavides Vargas, hermana de María Violeta, ocupa actualmente el puesto de fiscal suprema titular en el Ministerio Público tras ser restituida formalmente por la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, sobre sus hombros caerían varias denuncias por presuntos actos de corrupción.
Según el comunicado de la Fiscalía de la Nación del 12 de junio del presente año, se habría presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Patricia Benavides como presunta autora de los delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y abuso de autoridad en agravio del Estado. No obstante, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso archivó el caso el 25 de julio con siete votos en contra, seis a favor y dos abstenciones.
La familia Benavides enfrentaría múltiples señalamientos. Emma Benavides Vargas, otra hermana y jueza, habría sido acusada por el narcotraficante colombiano Percy Coromoto Matos, recluido en el penal Ancón 2, de haber solicitado un soborno de 150,000 dólares para concederle la libertad. Esta investigación continuaría en curso.
El silencio como respuesta
China Polo Dominical intentó obtener la versión de María Violeta Benavides tanto en las instalaciones de su empresa, ubicada en la avenida Las Artes en San Borja, como en su domicilio personal. En ambos casos, la pediatra habría evitado brindar declaraciones o explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados para la millonaria adquisición.
Durante las llamadas telefónicas realizadas por el equipo periodístico, María Violeta Benavides habría cortado la comunicación al identificar que se trataba de consultas periodísticas relacionadas con la propiedad de Cañete.
Posibles implicaciones legales
Especialistas consultados por China Polo Dominical señalarían que, si se determinara falta de claridad en el origen del dinero utilizado para pagar el terreno, se podría configurar el delito de lavado de activos. Esta práctica sería común entre personas que buscan ocultar dinero de procedencia ilícita, utilizando a familiares para evitar vinculaciones directas.
El uso de parientes en operaciones financieras sospechosas constituiría una característica típica del lavado de activos, especialmente cuando los ingresos oficiales del funcionario público no podrían justificar adquisiciones de tal magnitud. En el caso de fiscales y jueces, cuyos honorarios rondarían los 15,000 soles mensuales en un trabajo de dedicación exclusiva, resultaría prácticamente imposible justificar la disponibilidad de más de un millón de soles en efectivo.
Las penas por lavado de activos oscilarían entre 12 y 15 años de prisión, pudiendo ser más severas dependiendo de la procedencia delictiva del dinero. Cuando los fondos provendrían del narcotráfico, las sanciones serían considerablemente más agravadas.
Inmunidad vs. justicia
Actualmente, Patricia Benavides gozaría de la protección que otorga su cargo como fiscal suprema, lo que dificultaría el inicio de investigaciones por parte del propio Ministerio Público contra una posible red de lavado de activos en la que podría estar involucrada. Sin embargo, esa inmunidad no alcanzaría a su hermana María Violeta.
La investigación de China Polo Dominical revelaría la necesidad de que las autoridades competentes levanten el secreto bancario, financiero y tributario de las hermanas Benavides para determinar los movimientos de dinero y detectar operaciones sospechosas que podrían explicar el origen de los fondos utilizados en la compra.
La exclusiva propiedad en Puerto Madero, con su laguna privada y ambiente de postal, simbolizaría el contraste entre el nivel de vida aparente de una pediatra con pocos pacientes y la realidad de una adquisición millonaria que desafiaría cualquier explicación convencional.
Esta investigación de China Polo Dominical pondría en evidencia la urgente necesidad de transparencia en el manejo de recursos por parte de funcionarios públicos y sus familias, especialmente cuando ocupan posiciones clave en el sistema de justicia del país.
El Perú esperaría respuestas concretas sobre si este caso constituye simplemente una situación familiar particular o si se trataría de una red de poder y corrupción que operaría en las más altas esferas de la justicia nacional, utilizando a familiares como testaferros para ocultar el verdadero origen de millonarios recursos