Expresidente del JNE habría solicitado defensa legal con dinero público por denuncia constitucional en su contra
El exmagistrado Jorge Salas Arenas habría solicitado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le otorgue defensa legal valorizada en más de S/70,000 a raíz de la denuncia constitucional que enfrenta en el Congreso por la polémica inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros), cuando presidía el máximo organismo electoral.
Según documentos a los que habría accedido El Comercio, Salas Arenas habría ingresado esta solicitud el pasado 24 de abril, amparándose en la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, y su reglamento, que permitirían a los servidores del Estado contar con asesoría legal -incluso en investigaciones congresales- por actos realizados en el ejercicio de su función.
El juez supremo habría propuesto al Estudio Arbizu & Gamarra SAC para su defensa, con un costo estimado de S/70,800. Después de una observación por temas de forma, la solicitud habría sido declarada procedente mediante una resolución emitida desde la presidencia del JNE el 8 de mayo, apenas 15 días después de ingresada.
La resolución establecería que las direcciones de recursos humanos y de planeamiento «adopten las acciones pertinentes para la ejecución de los gastos respectivos en virtud a la defensa legal aprobada», «de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la entidad y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público».
Esta denuncia constitucional, presentada por el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), le atribuiría a Salas Arenas la infracción de cinco artículos de la Constitución (38, 51, 103, 178 y 181) por la inscripción, a fines del 2023, del partido liderado por Antauro Humala, agrupación que posteriormente habría sido declarada ilegal por la Corte Suprema al contravenir abierta y evidentemente los principios democráticos.
«Al permitir la inscripción de un grupo de personas que han declarado abiertamente su convicción y principios antidemocráticos y contrarios al ordenamiento legal, el señor Salas habría incumplido con su deber de proteger los intereses nacionales», señalaría la denuncia.
Según fuentes consultadas, esta sería solo una de las cuatro denuncias constitucionales que acumularía Salas Arenas a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. El pasado 18 de febrero, ya se habría emitido otra resolución en el JNE declarando procedente la solicitud de defensa legal a favor de Salas Arenas por la denuncia N°352, donde se le atribuiría presunto delito contra la administración pública.
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi habría señalado que Salas Arenas, al ser abogado de profesión, podría haber decidido efectuar su propia defensa sin necesidad de usar recursos públicos. «La norma estaría siendo usada y abusada, en perjuicio de los contribuyentes», habría indicado.
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) habría cuestionado este hecho remarcando que este mecanismo sería opcional, mas no una obligación. «Habiéndole hecho tanto daño a nuestro sistema electoral, hoy el señor Salas Arenas tendría la sinvergüencería de pedir este alto monto para poder defenderse», señaló.
Al ser consultado por El Comercio, Salas Arenas habría respondido que se trata de «un derecho que tienen todos los funcionarios públicos» y habría asegurado que actuó «conforme a ley».
