La exministra de Pedro Castillo no podrá trabajar en el Legislativo debido a su condición de congresista suspendida
El Congreso de la República ha rechazado oficialmente la contratación de Betssy Chávez como asesora parlamentaria, según confirmó el presidente del Parlamento, José Jerí. La decisión se basa en un informe técnico del Área de Asesoría Legal que establece la incompatibilidad de la exministra para ejercer funciones en el Legislativo.
El congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) habría solicitado que Chávez Chino sea contratada como «Asesora II» de su despacho, lo que le habría significado un sueldo entre S/10,000 y S/15,000. Sin embargo, el Memorando N° 682-2025-AAL-DRH-DGA/CR, elaborado por el jefe del Área de Asesoría Legal, Jaime González, determinó que existe incompatibilidad legal para que la acusada asuma cualquier cargo diferente al de congresista al interior del Legislativo.
Chávez se encuentra actualmente acusada del presunto delito de rebelión por ser co-autora del golpe de Estado que habría perpetrado Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. El Ministerio Público ha solicitado que sea condenada a 25 años de cárcel por haber subvertido presuntamente el orden constitucional al apoyar el cierre del Congreso de la República y la intervención de diversos órganos constitucionales.
«Institucionalmente el Parlamento ya decidió que no contratará a Chávez Chino como asesora parlamentaria», declaró José Jerí a la prensa. El presidente del Congreso enfatizó que la exministra puede buscar trabajo en otro lugar, pero que «objetivamente» no procede su contratación en el Congreso, recordando que Chávez habría intentado cerrar la institución.
El informe técnico precisa que Betssy Chávez fue electa congresista para el período 2021-2026, pero en marzo de 2023, a través de la Resolución Legislativa N° 009-2022-2023-CR, se resolvió suspenderla en el ejercicio de sus funciones mientras dure el proceso penal en su contra. Sin embargo, esta suspensión no implica que haya perdido la calidad de congresista, es decir, no se encuentra desaforada.
Según el artículo 19 del Reglamento del Congreso, «el cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública». Por tanto, al mantener su condición de congresista suspendida, Chávez se encuentra impedida para ser contratada en cualquier función pública en el Estado, incluido el Congreso.
El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospiglioso, calificó de «desvergüenza» el intento de Chávez de trabajar en el Parlamento que presuntamente intentó disolver. «Es contraproducente que alguien quiera trabajar en el Congreso cuando quiso cerrarlo», coincidió José Cevasco, exoficial mayor del Congreso.
Mientras tanto, la fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó al Poder Judicial que dicte 12 meses de impedimento de salida del país contra Betssy Chávez. El pedido fue presentado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.
El jueves 11 de septiembre, Chávez deberá presentarse de manera «obligatoria» ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema para continuar el juicio oral que se le sigue por el presunto delito de rebelión. En caso de inasistencia, sería conducida por la fuerza como parte de los apercibimientos establecidos por el tribunal.
La exministra fue dada de alta el fin de semana de la clínica donde se encontraba internada, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la prolongación de su prisión preventiva. Actualmente se encuentra bajo comparecencia con restricciones, debiendo permanecer en Lima y acudir cada siete días al control biométrico del Poder Judicial.
Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, manifestó que no habían sido notificados sobre el rechazo de la contratación, pero aseguró que insistirán para que se respete el derecho al trabajo de su patrocinada. «Ella ha sido suspendida como congresista; un asesor no es un congresista», argumentó el letrado, quien confirmó que Chávez acudirá a la audiencia del 11 de septiembre.