John «El Pulpo» libre tras 17 años evidenciaría la danza obscena entre el poder político y las organizaciones criminales más sanguinarias del país
En una realidad que parece sacada de una pesadilla, John Cruz Arce, conocido como «El Pulpo» y considerado el cabecilla de la organización criminal más sanguinaria del país, estaría respirando libertad tras cumplir apenas 17 años de una condena de 25 por asesinato. Su liberación habría expuesto una verdad escalofriante: el sistema penitenciario peruano se habría convertido en una puerta giratoria para los criminales más peligrosos.
Este sujeto de cabello oxigenado y aparente serenidad sería el creador de los stickers extorsivos que aterrorizan el norte del país, esas marcas de muerte que aparecen pegadas en puertas de casas, negocios y transporte público como señal inequívoca de que sus víctimas deben pagar cupos mensuales para seguir con vida.
Cruz Arce habría sido condenado a 25 años de cárcel por asesinar a su pareja y fue capturado en 2013 en el penal de Chayapalca. Sin embargo, el beneficio penitenciario del «2 por 1» le habría permitido reducir su condena drásticamente, una norma que permite la redención de un día de pena por cada dos días de trabajo o estudio al interior del penal.
La Infiltración del Crimen en la Política
Pero la liberación de «El Pulpo» sería solo la punta del iceberg de una estrategia mucho más siniestra. Según expertos en seguridad, el crimen organizado ya se habría infiltrado completamente en la política peruana, siguiendo el mismo patrón que devastó países como Ecuador, México y Colombia.
«Para que una organización criminal tenga sostenibilidad, tiene que lograr impunidad y la impunidad se logra con el poder político y con el poder judicial», explican los especialistas. Los tentáculos criminales habrían logrado infiltrar ambos poderes del Estado, creando lo que se conoce como «el monstruo de dos cabezas»: el ejecutivo y el legislativo trabajando a favor de la delincuencia.
El Congreso Como Cómplice
Las evidencias de esta complicidad serían abrumadoras. Desde las modificaciones normativas del 2023, más delincuentes quedarían libres gracias a cambios que favorecerían la impunidad:
- Prisión preventiva modificada: Ahora se requiere que la pena probable sea superior a 5 años en lugar de los 4 años anteriores, dejando sueltos a criminales que antes serían detenidos preventivamente.
- Penas suspendidas para jóvenes: Si la policía detiene a una persona entre 18 y 25 años sin antecedentes penales, y la condena no supera los 8 años, la pena se suspende automáticamente.
- Ley 32108: Dictada por el actual Congreso en 2024, esta norma habría exigido elementos adicionales para perseguir el delito de organización criminal, dificultando enormemente la labor de las autoridades y garantizando la impunidad de estos grupos.
La Foto que lo Dice Todo
La conexión entre política y crimen organizado se habría materializado en una imagen que evidencia esta vergonzosa alianza: Richard Acuña, dirigente de Alianza para el Progreso, posando sonriente con Hollying Basderrama, uno de los cabecillas de «Los Pulpos» condenado a cadena perpetua, pero que actualmente se encontraría prófugo de la justicia.
Esta fotografía no sería casualidad, sino la evidencia gráfica de cómo partidos políticos habrían establecido vínculos directos con organizaciones criminales para garantizar su protección legislativa.
82 Votos por la Impunidad
El parlamento, dominado por partidos cuyos líderes enfrentan investigaciones – Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón y César Acuña – habría aprobado estos cambios legislativos con una contundente mayoría de 82 votos a favor, ignorando completamente los pedidos de derogación de expertos y diversos sectores de la sociedad civil.
Esta votación habría demostrado que la mayoría congresal estaría más interesada en proteger a los criminales que en defender a los ciudadanos de bien.
Un Sistema Corrompido
La realidad sería demoledora: ningún criminal con historial de crímenes y pertenencia a bandas organizadas se habría rehabilitado en las cárceles peruanas. Así como no se habrían rehabilitado los terroristas, tampoco los criminales, quienes desde los penales continuarían dirigiendo sus organizaciones criminales con total impunidad.
Los beneficios penitenciarios, lejos de cumplir su propósito de reinserción social, se habrían convertido en un mecanismo perverso que permite a los criminales más peligrosos regresar a las calles para continuar sembrando terror.
La Danza Obscena
Lo que observamos en el Perú sería una simbiosis maléfica, una danza obscena entre el Palacio de Gobierno y el Congreso. Quienes deberían velar por nuestra seguridad estarían trabajando activamente a favor del crimen organizado, creando un sistema donde los delincuentes más peligrosos no solo quedan impunes, sino que reciben protección legal para continuar con sus actividades.
Mientras John «El Pulpo» Cruz Arce camina libre por las calles sin mostrar rastro de culpa por los asesinatos perpetrados y el daño causado al país, el sistema político peruano habría demostrado que la impunidad no es un error del sistema, sino su característica más perversa.