Walter Ayala jura como magistrado superior supernumerario pese a enfrentar graves acusaciones por presunto tráfico de influencias en las Fuerzas Armadas
Walter Ayala, quien fuera ministro de Defensa de Pedro Castillo y posteriormente su abogado defensor, habría jurado en septiembre como juez superior supernumerario de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Pasco. Esta designación se produciría mientras enfrenta una denuncia constitucional por el llamado «Caso Ascensos», que permanece estancada en el Congreso desde hace más de un año.
El exministro castillista estaría resolviendo casos penales en segunda instancia, desde delitos de falsedad ideológica hasta homicidios, pese a que la Fiscalía de la Nación lo habría denunciado en agosto de 2023 por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y abuso de autoridad.
Según la tesis fiscal, Ayala habría presionado a comandantes generales para que asciendan oficiales recomendados por miembros de una presunta red criminal, con el objetivo de contar con «personas de su absoluta confianza» y mantener el poder estatal. Cada oficial habría pagado aproximadamente 20 mil dólares por su ascenso.
El proceso judicial estaría congelado debido a que el Congreso no ha resuelto el requerimiento fiscal para levantar el antejuicio de Ayala y Pedro Castillo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió la denuncia en febrero de 2024, pero desde marzo el caso permanece sin avances significativos.
Lady Camones, actual presidenta de la SAC, habría confirmado que la denuncia «está para ser redelegada» a un nuevo congresista ponente, lo que indica que la resolución del caso seguiría lejana.
Polémico retorno a la magistratura
Ayala habría sido designado de una lista de jueces supernumerarios remitida por la Junta Nacional de Justicia, donde figura con uno de los puntajes más bajos, ocupando el puesto 23 del concurso. La Corte Superior de Pasco justificó la designación señalando que los jueces de menor rango habrían declinado ocupar la plaza.
El abogado Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, opinó que «más allá de lo estrictamente normativo, los jueces tienen que ser personas de intachable trayectoria» y consideró que «un juez no debería tener siquiera procesos en trámite».
Contradicciones evidentes
Resulta paradójico que quien días antes de ser nombrado juez cuestionaba al Poder Judicial como abogado de Pedro Castillo, ahora forme parte del mismo sistema que criticaba. En una entrevista en Exitosa, Ayala habría acusado a la Corte Suprema de mantener preso a Castillo por «motivos políticos» y sugirió que un juez «valiente» debería anular todos los procesos penales del expresidente.
«El presidente Pedro Castillo nunca debió ser detenido. Si hubiera un juez constitucional valiente, no con miedo, daría un habeas corpus, declararía nulo todo lo actuado», habría declarado Ayala poco antes de convertirse nuevamente en magistrado.
El exministro seguiría negando las acusaciones en su contra, argumentando que «nadie ha dicho que me ha dado un sol en la mano» y calificando de «miserable» a quien «quiera cobrar a un militar».
Esta designación judicial evidenciaría las limitaciones del sistema de justicia peruano, donde un funcionario con graves cuestionamientos por presunto tráfico de influencias puede ejercer como juez mientras su caso permanece sin resolución por la inacción del Poder Legislativo.