«¿Quieren que me movilice en bicicleta?»: La polémica frase que desató la indignación tras conocerse que los fondos salieron de partidas de salud y pensiones
La Contraloría General de la República habría iniciado formalmente una investigación sobre la cuestionada compra de vehículos de alta gama realizada por la Policía Nacional del Perú (PNP), por un valor que superaría los S/ 17.3 millones. Los beneficiarios directos de este proceso serían oficiales del alto mando policial, entre ellos el propio comandante general, Víctor Zanabria Angulo, quien habría autorizado la compra y presuntamente habría recibido una camioneta Audi.
En medio del escándalo, Zanabria habría salido hoy a dar explicaciones defendiendo la adquisición de los vehículos de lujo para los altos mandos con la polémica frase que generó indignación en redes sociales: «Ósea para cumplir mis actividades vengo en bicicleta».
La controversia se habría intensificado tras revelarse que los fondos habrían salido de partidas destinadas a salud, pensiones y prestaciones sociales. Es decir, mientras los efectivos deben pagar de su bolsillo por atención médica y medicamentos, sus superiores habrían recibido camionetas Audi, Toyota RAV4 y Corolla nuevos.
Según el documento oficial de Contraloría, se habría dispuesto «la realización de un servicio relacionado de recopilación de información respecto al proceso de contratación denominado: Licitación Pública, designándose para tal efecto al equipo conformado según el detalle: Nelly Berrio Sona (supervisora) y Luis Arostegui Gutiérrez (jefe)».
Los antecedentes de la investigación
Desde el 31 de julio, la Contraloría ya habría solicitado información sobre esta polémica compra. Mediante un oficio habrían requerido a la División de Logística de la PNP que remita el expediente completo del proceso de licitación pública ‘Adquisición de vehículos de seguridad tipo A, B y C’, estableciendo como plazo máximo el 4 de agosto de 2025.
El documento habría especificado: «Agradeceré disponer a quien corresponda remita la información en copia fedateada de la documentación siguiente: Totalidad del Expediente de contratación, antecedentes y demás actuados de la Licitación Pública ‘Adquisición de vehículos de seguridad tipo A, B, C'».
Finalmente, el mismo 4 de agosto, se habría formalizado el inicio de la investigación a cargo del equipo conformado por Nelly Berrío Soria (supervisora) y Luis Arostegui Gutiérrez (jefe).
El escándalo de los fondos desviados: De salud y pensiones a Audis
Uno de los aspectos más graves del caso sería el origen de los fondos utilizados. Según se habría revelado hoy, la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP habría modificado internamente su presupuesto y trasladado más de S/ 21 millones desde partidas destinadas originalmente a personal, pensiones y bienes y servicios, hacia la adquisición de «activos no financieros».
Este mecanismo habría permitido eludir controles adicionales y evitar que se exigiera una ficha técnica —requisito habitual en proyectos de inversión— clasificando la compra como gasto de capital, sin tener que demostrar impacto en la mejora del servicio policial.
De esos 21 millones, se habrían destinado 19 millones 984 mil soles para la compra de los vehículos Premium del alto mando de la Policía. Los recursos habrían sido retirados de partidas esenciales que pudieron ser orientados al colapsado Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL), actualmente declarado en crisis.
Documentos internos de la institución habrían admitido que los vehículos no contribuyen a la atención ciudadana ni a la operatividad policial, pero se justificarían como «soporte» y «comodidad» para los altos mandos.
Las declaraciones polémicas que encendieron las redes
En medio de la controversia, Zanabria habría decidido defender públicamente la compra asegurando que «la compra es una cuestión legal y se ha hecho en un proceso regular». Además, habría argumentado que «por ley, a los oficiales superiores como coroneles y generales les corresponde asignarles vehículos» y que «se necesita vehículos comandos».
Sin embargo, su frase más polémica habría sido: «Ósea para cumplir mis actividades vengo en bicicleta», generando una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionaron esta justificación mientras miles de policías no tienen patrulleros ni chalecos antibalas para cumplir sus funciones operativas.
Además, Zanabria habría minimizado las críticas refiriéndose a un ex general que «sigue llevando un Nissan Excel», argumentando que ese vehículo era bueno «cuando él era general», pero ahora los tiempos habrían cambiado y se necesitarían «vehículos comando».
Los detalles de la compra millonaria y el plan de beneficio personal
Según se habría revelado, la compra habría incluido 8 camionetas Audi, 40 Toyota RAV4 y 120 Toyota Corolla, que estarían destinadas a tenientes generales, generales y coroneles respectivamente.
Un dato alarmante sería que por norma, los altos mandos pueden, al pasar a retiro, solicitar la compra de los autos que se les asignaron durante el ejercicio de sus funciones, accediendo a precios menores y en cuotas sin intereses. Por ejemplo, el comandante general Víctor Zanabria tendría esa posibilidad sobre el Audi que actualmente usaría para su labor institucional, cuando pase al retiro en enero de 2026.
Expertos policiales habrían cuestionado especialmente este punto, preguntándose: «¿Será que el octavo vehículo está reservado para cuando Zanabria deje el cargo en enero?» Según han explicado, uno de los automóviles Audi, valorizado en más de 200 mil soles, podría ser adquirido por Zanabria una vez deje el cargo, aprovechando un procedimiento interno de la institución.
Los favorecidos con las camionetas Audi
Los que se habrían favorecido con las camionetas Audi serían todos los integrantes del comando policial. Además del Comandante General Víctor Zanabria Angulo, estarían incluidos:
- El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, teniente general Óscar Arriola Delgado
- El Inspector General, teniente general Jhony Veliz Noriega
- El jefe del Comando Policial de Operaciones, teniente general Carlos Céspedes Muñoz
Según la normativa, los automóviles deberían ser devueltos en buen estado a la División Logística de la PNP después de que los oficiales pasen al retiro, teniendo un plazo máximo de 7 días.
El proceso de licitación
El Comité de Selección habría estado a cargo de este proceso y los que conformaron el equipo habrían sido Vladimir Asensios Borda, el suboficial PNP Elder Carhuancho Fabián y otro servidor civil, Juan Guzmán Lizárraga.
Habrían sido 13 empresas las que se presentaron al concurso: Euroshop, Autoniza, JPC Motors, Inversiones Vehiculares, Revo Motors, Grupo Pana, Maquinarias, Autoespar, Automotriz San Blas y Andes Motor Perú.
Al final, las empresas adjudicadas habrían sido Euroshop, que habría ofertado cada auto Audi por S/ 200,934, y Autoespar para los Toyota RAV4 y automóviles Toyota Corolla que habrían costado S/ 131,683 y S/ 99,292, respectivamente.
La reacción política: «Yo hubiera preferido priorizar otras cosas»
El presidente del Congreso, José Jerí, habría manifestado hoy que hubiera preferido que los recursos se destinen a otras adquisiciones para la PNP. «Yo hubiera preferido no comprar ello y priorizar otras cosas, pero, finalmente, es la institución que decide cuáles son sus prioridades», habría declarado el titular del Congreso.
Esta compra se habría realizado en medio de elevados índices de criminalidad y una precaria logística policial para combatir eficazmente la delincuencia, mientras la violencia criminal habría cobrado más de 1,200 vidas en lo que va del año.
Cabe resaltar que el presupuesto 2025 del Ministerio del Interior, presentado por el entonces ministro Juan José Santivañez y aprobado por el Congreso, priorizaba la lucha contra el crimen organizado y no incluía la autorización para la adquisición de estos vehículos. Sin embargo, el Presupuesto Institucional de Apertura de la Policía reconocía una partida de 17,3 millones de soles para compra de vehículos, aunque destinada, en principio, a otras necesidades.
Esta investigación de Contraloría podría develar irregularidades en un proceso que habría beneficiado directamente a los más altos mandos policiales del país, mientras la ciudadanía enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes y los propios efectivos policiales carecen de recursos básicos para cumplir sus funciones.