33 investigados en caso de cobro sistemático de «cupos» tres policías ya confesaron y recibieron 5 años de cárcel
El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Lambayeque habría solicitado una condena de ocho años de prisión para Abraham Cuadros, comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) y exjefe de la Unidad de Tránsito de Chiclayo. El oficial estaría siendo investigado por presunto delito de cohecho pasivo durante el ejercicio de sus funciones.
Según las investigaciones fiscales, Cuadros habría solicitado pagos irregulares a transportistas tanto formales como informales durante su gestión al frente de la unidad de tránsito, configurando una red de corrupción que habría afectado a todo el sector transporte de la región.
Prisión preventiva ampliada y red de corrupción desarticulada
La Fiscalía logró ampliar en 18 meses la prisión preventiva para Cuadros, quien actualmente se encontraría recluido en el penal de Chiclayo. El caso habría sido declarado complejo debido a la cantidad de implicados: 20 policías y 12 civiles estarían bajo investigación en este proceso.
Tres agentes policiales ya habrían admitido su culpabilidad y fueron condenados a 5 años de prisión mediante sentencias anticipadas, lo que evidenciaría la solidez de las pruebas recopiladas por el Ministerio Público.
La modalidad criminal: cupos diarios a cambio de impunidad
Durante el año 2023 y hasta marzo de 2024, Abraham Cuadros junto al teniente PNP Luis Miguel Salcedo habrían implementado un sistema de cobro de «cupos» a transportistas. Los montos diarios oscilarían entre 20 y 50 soles por vehículo, a cambio de que los policías omitieran sus funciones de fiscalización.
Esta práctica ilegal habría favorecido a ciertos operadores de transporte, distorsionando la competencia en el sector y afectando a decenas de conductores que se habrían visto obligados a pagar para poder trabajar. La extorsión sistemática se habría mantenido hasta que la Fiscalía realizó allanamientos y detenciones para desarticular la red criminal.
Evidencias bancarias y testimonios: las pruebas contra la red policial
El requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público incluiría documentación financiera vinculada a las cuentas bancarias de los imputados, que habría demostrado movimientos sospechosos compatibles con los montos de extorsión denunciados. Esta evidencia sería corroborada con testimonios de transportistas durante el juicio oral.
La fiscal Karim Ninaquispe lidera las diligencias del caso, considerado uno de los más graves de corrupción policial en Lambayeque en los últimos años. El proceso buscaría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción que habría afectado tanto la seguridad ciudadana como el sector de transporte público en la región.
El desarrollo del juicio oral determinará la responsabilidad de cada uno de los 33 investigados en esta red de extorsión que habría operado bajo la protección del uniforme policial, traicionando la confianza ciudadana y pervirtiendo las funciones de control de tránsito.
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