Leonardo Caparrós habría promovido el proceso cuando su empresa fracasó en similar proyecto en Castro Castro
Una investigación de China Polo Dominical revela serias irregularidades en el proceso de privatización de la seguridad externa del penal de Lurigancho, donde funcionarios previamente sancionados del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estarían coordinando una contratación que carece de transparencia y oculta información presupuestaria clave.
El periodista Leonardo Caparrós, quien habría estado promoviendo públicamente la privatización del sistema penitenciario en diversos medios de comunicación, tendría un conflicto de interés no revelado: fue gerente general de la empresa Unlimited System que en 2010 obtuvo una buena pro por 301,308 soles para operar equipos de identificación biométrica en el penal Miguel Castro Castro, proyecto que habría fracasado según fuentes consultadas.
Funcionarios con Historial de Sanciones
La investigación revela que los correos electrónicos proporcionados en las bases del concurso para que las empresas postoras envíen sus propuestas pertenecen a Juan José Ríos Cáceres y José Martín Cárdenas Ruiz, ambos funcionarios con antecedentes de sanciones administrativas.
José Martín Cárdenas Ruiz, miembro del comité de licitaciones del INPE, fue sancionado administrativamente con suspensión de 15 días sin goce de haber por irregularidades en el concurso de uniformes institucionales en 2016. Juan José Ríos Cáceres, especialista en contrataciones del Estado, también estuvo involucrado en este proceso que terminó en nulidad por contradicciones identificadas por la subdirección de riesgos.
Ambos funcionarios habrían sido sancionados nuevamente en 2020, junto con otros colegas, por sobrevalorar el precio de llantas en una adquisición institucional.
El Caso de Juder Isidro Ramos Chahuayo
Particularmente grave es el caso de Juder Isidro Ramos Chahuayo, actual jefe de la unidad de administración de la Oficina Regional de Lima del INPE, quien continúa como responsable de adquisiciones pese a haber asumido un nuevo cargo. Este funcionario habría sido encontrado en posesión de más de 6,500 dólares que presuntamente pertenecían al ciudadano holandés Jor Banderslot, quien enfrenta acusaciones de homicidio por el asesinato de una joven en un casino.
Falta de Transparencia Presupuestaria
Una de las irregularidades más llamativas del proceso es que las bases del concurso no incluyen el presupuesto que manejaría el INPE para esta contratación. Esta omisión impide evaluar la proporcionalidad del gasto público y genera sospechas sobre un posible direccionamiento de la licitación.
Ángel Yancari, secretario general del sindicato SINRAP del INPE, expresó su preocupación por la falta de transparencia: «Hemos podido revisar justamente el contrato y nos damos cuenta que evidentemente no hay ni siquiera montos, no hay ni siquiera una difusión realmente a todos los medios como para que esto pueda otorgarse de una forma transparente».
Nuevo Presidente del INPE con Investigaciones Pendientes
En medio de esta controversia, el gobierno nombró como nuevo presidente del INPE a Emilio Iván Paredes Yataco, abogado conocido por su participación en programas de farándula. Paredes Yataco enfrenta una investigación en curso por tráfico de influencias en la Segunda Fiscalía de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público.
Además, el nuevo funcionario tiene un historial de incidentes automovilísticos entre 2010 y 2015, algunos presuntamente en estado de ebriedad según consta en actas policiales, y fue sancionado por INDECOPI en 2022 para devolver 3,500 dólares a un cliente por servicios legales no prestados.
Antecedentes del Fracaso en Castro Castro
La empresa Unlimited System, gerenciada entonces por Leonardo Caparrós, obtuvo en 2010 un contrato para operar equipos biométricos en el penal Castro Castro. Sin embargo, esta experiencia habría sido negativa para el INPE, según reconoce el propio Caparrós en declaraciones públicas, aunque sin revelar su participación directa en el proyecto.
«Hay una experiencia hace muchos años en que se hizo esto con Castro Castro como piloto, me parece que en la gestión de León Bay y el problema era que se dispuso que solo era para la visita», declaró Caparrós a un medio de comunicación, omitiendo mencionar que él fue el gerente de la empresa responsable.
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El sindicato del INPE ha manifestado su oposición al proceso de privatización, argumentando que el personal solicitado sería insuficiente para las necesidades reales del penal. Según Yancari, se requieren entre 12 y 15 personas solo para revisión corporal en días de visita, considerando que miles de personas ingresan diariamente al establecimiento.
«Lo que único que pedimos es que el ministro de justicia, el presidente del IMPE, vean realmente la factibilidad de lo que ellos están haciendo y hacia dónde están queriendo dirigir esto», señaló el dirigente sindical.
La investigación de China Polo Dominical evidencia un patrón preocupante donde funcionarios con historial de sanciones y empresas con antecedentes de fracaso estarían coordinando una contratación millonaria sin la transparencia que exige el manejo de recursos públicos.