Contrato hospitalario en Virú estaría dirigido a empresarios inhabilitados y jóvenes sin trayectoria
Señores y señoras, una vez más César Acuña Peralta habría demostrado que en La Libertad la transparencia sería solo una palabra bonita. El gobernador regional y líder de Alianza para el Progreso (APP) estaría en el ojo de la tormenta tras adjudicar una millonaria obra hospitalaria de más de S/ 194 millones a un consorcio que incluiría a un ingeniero inhabilitado y una empresaria de apenas 23 años.
El reportaje de Cuarto Poder habría destapado lo que muchos ya sospechaban: la gestión de Acuña estaría utilizando testaferros para direccionar contratos multimillonarios. El caso del Hospital de Virú, firmado el pasado 8 de julio de 2025, sería apenas la punta del iceberg de un sistema que habría convertido las licitaciones públicas en un negocio familiar.
¿Quiénes serían los beneficiados de esta presunta corrupción?
El Consorcio Hospital Virú estaría conformado por tres empresas que habrían generado más interrogantes que respuestas. JM Constructores Peruanos SAC, propiedad del ingeniero Joel Yangari Cartolín, quien estaría inhabilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú y cuya empresa apenas habría prestado servicios menores al Estado por montos inferiores a S/ 34 mil.
La segunda empresa, LC&EC Constructora, pertenecería a Lucero Coca Condori, una joven de 23 años que habría ganado contratos por más de S/ 300 millones en esta gestión. ¿Cómo una persona tan joven habría logrado semejante experiencia? La respuesta estaría en lo que los expertos llaman «empresas fachada».
La tercera empresa, Riva S.A., sería la única con experiencia real, pero tendría apenas el 1% de participación en el consorcio. Como dice el especialista José Trelles, esto sería un patrón: «firmas inexpertas que se asocian con compañías sólidas solo para cumplir los requisitos mínimos».
El proceso habría estado direccionado desde el inicio
De 55 postores iniciales, solo dos consorcios habrían llegado a la fase final. El Consorcio Brontes habría sido descalificado por una observación que, según expertos, era subsanable. Mientras tanto, al Consorcio Hospital Virú le habrían permitido corregir errores dos veces.
«¿Eso es transparente?», se pregunta Trelles. La respuesta parecería obvia para cualquiera que entienda cómo funcionarían estos procesos amañados.
Las amenazas de muerte que confirmarían la gravedad del caso
El consejero regional Robert de la Cruz habría sido valiente al denunciar lo que muchos callan por miedo. «Para mí está claro: se está utilizando a personas sin experiencia como gerentes testaferros para adjudicar obras de alto presupuesto», declaró.
Pero lo más grave sería que de la Cruz habría denunciado amenazas de muerte por exponer estas irregularidades. «Responsabilizo directamente a funcionarios del partido Alianza para el Progreso», declaró, calificando a APP como «el pulpo de la política» en La Libertad.
El silencio cómplice de César Acuña
Hasta el momento, el gobernador Acuña no habría emitido ningún pronunciamiento sobre esta nueva denuncia. Su silencio sería tan elocuente como sus presuntos actos de corrupción. No sería la primera vez que su gestión enfrentaría acusaciones por beneficiar a allegados políticos o contratar empresas sin experiencia.
¿Qué pasaría ahora?
Este caso podría escalar hasta el Congreso de la República o motivar una investigación en la Comisión de Fiscalización. Diversos sectores habrían solicitado la nulidad del contrato, mientras organizaciones ciudadanas de La Libertad prepararían movilizaciones exigiendo fiscalización.
La Contraloría General de la República y la Procuraduría Anticorrupción deberían intervenir inmediatamente para auditar este proceso que habría vulnerado todos los principios de transparencia en las contrataciones públicas.
Una vez más, los ciudadanos de La Libertad serían testigos de cómo el poder político se habría convertido en una máquina de hacer dinero para unos pocos, mientras los hospitales y la salud pública seguirían siendo solo promesas de campaña.
Esta boca no la calla nadie, y seguiremos denunciando hasta que la justicia actúe contra quienes habrían convertido el Estado en su negocio personal.