La exalcaldesa podría enfrentar 29 años de prisión por presuntos aportes ilícitos de constructoras brasileñas
El caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, habría quedado finalmente listo para iniciar juicio oral tras una audiencia realizada el viernes, donde el juez Jorge Chávez Tamariz completó el control de acusación que estaba pendiente. La extitular de la Municipalidad de Lima (2011-2014) enfrentaría un pedido de 29 años de prisión formulado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público por cinco presuntos delitos.
Durante la audiencia del viernes, que se extendió por cuatro horas y media, el magistrado revisó las correcciones hechas por la fiscalía a las imputaciones contra dos de los 31 acusados: Domingo Arzubialde, exgerente de Promoción de la Inversión Privada en la gestión de Villarán, y la empresa J. Walter Thompson Peruana.
El caso habría sufrido retrasos debido a que las defensas de siete acusados recurrieron a una reciente ley del Congreso para apelar la decisión de enviar el caso a juicio. En abril, una sala superior ordenó que la fiscalía corrija partes de la acusación solo respecto a Arzubialde y J. Walter Thompson Peruana.
Al inicio de la sesión, la defensa de Arzubialde habría intentado recusar al juez, maniobra que fue rechazada y que podría haber dilatado aún más el inicio del juicio. Posteriormente, el juez rechazó dos pedidos de la defensa para archivar su acusación, mientras que sí accedió al archivo del caso contra J. Walter Thompson Peruana por no existir un nivel de sospecha suficiente. Esta empresa solo seguiría siendo procesada para determinar si debe pagar una reparación civil.
El caso pasaría ahora al Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, presidido por la magistrada Nayko Coronado, tribunal que ya tendría experiencia en casos de la trama Lava Jato, siendo el mismo que habría condenado a Ollanta Humala y Nadine Heredia, y que tuvo a su cargo el juicio de Keiko Fujimori hasta su anulación.
Villarán estaría acusada de liderar una presunta organización criminal dentro de la Municipalidad de Lima que habría lavado más de US$ 11 millones provenientes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, y la peruana Graña y Montero, mediante aportes a sus campañas del No a la Revocatoria (2013) y de su fallida reelección (2014).
A la exalcaldesa se le imputarían cinco delitos: lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Aunque en mayo de 2019 habría admitido públicamente haber recibido esos aportes, no habría hecho la misma declaración dentro del proceso penal y negaría haber cometido delito alguno.
Tras lo decidido este viernes, junto a Villarán serían juzgadas otras 20 personas y 9 empresas por este caso de presunta corrupción.
