Once años después del crimen que habría silenciado a defensores del territorio asháninka, las viudas aún temerían por sus vidas
Julia Pérez lo dice con dolor: «Nos hemos quedado sin líderes… a nosotras nos dejaron solas porque todas las personas que estaban en la comunidad salieron por el miedo… que nos van a venir matar a todos». Su testimonio resonaría en la Corte Superior de Justicia de Ucayali durante la presentación de alegatos por el Caso Saweto, un juicio que desde hace once años buscaría justicia por el brutal asesinato de cuatro líderes asháninkas.
El 6 de septiembre de 2014, Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix habrían emboscado, torturado y asesinado a Edwin Chota Valera, Leoncio Quintísima Meléndez, Francisco Pinedo Ramírez y Jorge Ríos Pérez. El crimen habría sido la respuesta violenta a las denuncias que estos líderes realizaban contra la presencia de madereros ilegales en su territorio.
LA LUCHA POR AUMENTAR LA CONDENA
Actualmente en etapa de apelación, el caso ya habría dictado sentencia de 28 años y tres meses contra cuatro de los cinco implicados. Sin embargo, la defensa legal de las víctimas habría solicitado el aumento de la pena a 35 años, argumentando agravantes que no habrían sido considerados en primera instancia.
«La Fiscalía ha sustentado el aumento de la pena porque no solamente estamos hablando de representantes de una comunidad, sino de autoridades jurisdiccionales, como lo reconoce el artículo 149 de la Constitución», declaró Rocío Trujillo, asesora legal de Aidesep y abogada del caso. Edwin Chota habría sido presidente de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, y los líderes habrían sido discriminados por defender su territorio.
AMENAZAS QUE CONTINÚAN
Las viudas Julia Pérez, Lina Ruiz, Lita Rojas y Ergilia Rengifo habrían estado presentes durante el proceso de apelación, pero aún temerían sufrir represalias. Según Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali, ellas habrían recibido llamadas extrañas desde el inicio del proceso en marzo.
«Al inicio de este proceso, ellas han recibido llamadas extrañas, llamándolas por su nombre y queriendo sacar información», habría denunciado López. Además, uno de los hermanos Atachi se habría acercado a la hermana Lita antes de emitirse la sentencia de primera instancia.
REPARACIÓN INTEGRAL
La defensa también habría solicitado el aumento de la reparación civil, argumentando que en primera instancia no se habría valorado el impacto que generó el asesinato para toda la comunidad. «Se ha solicitado el aumento de la reparación porque no se valoró el impacto que generó el asesinato de los líderes y autoridades indígenas para la comunidad, quienes justamente fueron silenciados por defender su territorio», señaló la defensa.
EL TESTIMONIO QUE CONDENÓ
Según un testigo protegido, los acusados habrían atentado contra la vida de los líderes «por denunciar lo que defendían: el bosque, la naturaleza». El testimonio habría detallado cómo amenazaron a Chota: «Indicaban que iban a agarrarle, que era un soplón, un bocón… le dijeron que lo iban a matar donde sea, aunque sea en su propia casa, que no iba a escapar».
Las siguientes audiencias estarían programadas para julio y agosto. La Sala debería emitir sentencia en un plazo máximo de diez días después de la última sesión, según el Código Procesal Penal. Este caso podría marcar un precedente histórico en la defensa territorial ejercida por los líderes indígenas en el Perú.
