Pese a cuestionamientos de la fiscalía y el Poder Judicial, presidenta desafía a Corte Interamericana de Derechos Humanos
Pese a los cuestionamientos de la fiscalía y el Poder Judicial, la presidenta Dina Boluarte habría promulgado este mediodía la controvertida ley que concedería amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que presuntamente habrían participado en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
Tanto la mandataria como miembros de su gobierno habrían adelantado no solo sus duras críticas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habría cuestionado la norma, sino que defendieron la amnistía en términos de soberanía nacional.
«El Perú es libre, independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo», habría declarado Boluarte a fines de julio.
La norma -aprobada por el Congreso- beneficiaría específicamente a aquellos que no contarían con una sentencia firme por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en ese período, así como a los sentenciados mayores de 70 años.
El 9 de julio, la Comisión Permanente habría aprobado el texto en segunda votación. La mandataria habría tenido hasta este 15 de agosto para promulgar o devolverla al Parlamento con observaciones.
La ley habría sido aprobada con el respaldo de congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Honor y Democracia.
Argumentos a favor
Durante su debate en la Comisión Permanente, el entonces presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), habría señalado que la amnistía respondería a «una necesidad de justicia» y sería una forma de saldar «una deuda moral que tiene el Estado con aquellos que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990 e impidieron que el Perú cayera en manos de una sangrienta dictadura comunista».
El congresista habría indicado que permitiría corregir violaciones al derecho al plazo razonable para los procesos judiciales y estimó que habría más de mil personas en esa situación.
Pedidos para que no se promulgue
La Fiscalía, el Poder Judicial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se habrían pronunciado en contra de esta norma, alertando sobre las implicancias que tendría para la justicia y los derechos humanos en el país.
La decisión del Ejecutivo estaría generando una fuerte controversia tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por el desafío directo que representaría a organismos internacionales de justicia.