INPE contradice al expresidente y asegura que mantiene estado estable bajo supervisión médica
En una audiencia donde se evaluaba la apelación a su condena por el caso Interoceánica, el expresidente Alejandro Toledo habría roto en llanto al solicitar su traslado inmediato a una clínica privada debido a su presunto delicado estado de salud. El exmandatario, con la voz entrecortada, habría advertido que enfrentaría un cuadro de sangrado severo y solicitó que se ejecute la disposición del Tribunal Constitucional que ordenaría su atención en la clínica San Pablo.
«Aquí en esta prisión ha comenzado el tema de mis sangrados, que no son continuos (…) Me asusta el tema del sangrado y hace dos años presenté un habeas corpus ante el juez de Ate Vitarte y no ha sido atendido (…) El TC recientemente ha emitido una orden para que me lleven a la clínica», habría expresado frente a los jueces, asegurando que tomaría hasta 16 medicinas diarias para controlar sus males.
El expresidente, recluido en el penal de Barbadillo, habría afirmado que los problemas médicos que hoy lo aquejarían -entre ellos cáncer, hipertensión y crisis de ansiedad- se arrastrarían desde su etapa en Estados Unidos, pero que en prisión se habrían agravado con episodios de sangrado intermitente.
Toledo habría señalado que, pese a la resolución del Tribunal Constitucional, las autoridades penitenciarias aún no habrían cumplido con trasladarlo a la clínica San Pablo, centro que conocería su historial médico. Además, habría recordado que hace dos años presentó un habeas corpus para obtener atención especializada, pero este nunca habría sido resuelto.
INPE contradice versión del expresidente
Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado este lunes en el que sostiene que el expresidente Alejandro Toledo se encontraría clínicamente estable y con sus enfermedades crónicas controladas. Según la entidad, no existirían cambios significativos en su evolución médica pese a los recientes episodios de sangrado y descompensación reportados por el propio exmandatario.
El INPE habría señalado que Toledo recibiría de manera estricta su tratamiento habitual bajo supervisión médica directa. También habría indicado que contaría con monitoreo constante por parte del personal de enfermería y controles periódicos de su equipo tratante, lo que garantizaría atención permanente dentro del penal.
«Cumple estrictamente con su tratamiento médico habitual bajo supervisión directa. Asimismo, recibe control periódico por parte del equipo médico tratante y monitoreo continuo por personal de enfermería las 24 horas del día», habría detallado la institución penitenciaria.
Antecedentes de descompensación
Durante la pasada audiencia del 11 de agosto, el expresidente Alejandro Toledo habría sufrido una descompensación física en el penal de Barbadillo justo antes de su audiencia por el caso Ecoteva. Su abogado, Roberto Su, habría informado a la jueza Josefa Izaga que lo encontró con escalofríos, temblores, presión arterial baja y con dificultad para sostener la voz, lo que le habría impedido presentar sus alegatos finales.
Ante este estado, el abogado habría solicitado que Toledo pudiera regresar a su celda para estabilizarse y así presentarse en la próxima sesión del juicio. La magistrada habría accedido al pedido, otorgando un receso y dando espacio para coordinar la atención médica necesaria antes de continuar con el proceso.
Proclama inocencia y anuncia nuevas pruebas
El exgobernante también habría vuelto a proclamarse inocente y adelantó que presentaría nuevas pruebas para desmontar la acusación fiscal. Según su versión, nunca habría formado parte del esquema de sobornos de Odebrecht y los fondos ilícitos habrían sido administrados exclusivamente por el empresario israelí José Marzán, ya fallecido.
Toledo enfrentaría en paralelo procesos tanto por el caso Ecoteva, en el que la Fiscalía le imputaría lavado de activos, como por el caso Interoceánica, y arrastraría un historial de problemas de salud graves que habrían afectado su participación en anteriores audiencias públicas.
El Tribunal Constitucional habría ordenado recientemente al Poder Judicial emitir una nueva resolución para que el expresidente reciba atención médica en una clínica privada, tras recordar que el 16 de abril de 2024 declaró fundada en parte la demanda que presentó por presunta vulneración de los derechos a la salud e integridad personal.